¡Urge resolver Oaxaca!

por Leo Zuckerman
publicado el 29 de septiembre en Excélsior

Es lo que muchos demandan. Pero todos están pensando en la resolución de la coyuntura actual que, como el queso típico del estado, está muy enredado. Sin embargo, lo que urge solucionar es el problema estructural de Oaxaca que es la falta de desarrollo económico.

El estado sureño ha sido desde hace mucho uno de los más pobres del país. No ha logrado desarrollar motores de crecimiento económico que produzcan bienestar social. En el tren de la economía nacional, Oaxaca se encuentra muy rezagada, hasta atrás, junto con estados como Guerrero y Chiapas.

Sin embargo, la entidad chiapaneca ha venido superando algunos de sus entrañables rezagos desde la rebelión zapatista de 1994. Los gobiernos de Zedillo y Fox entendieron bien que, para resolver la subversión de Las Cañadas, había que invertir dinero público mejorando la infraestructura y creando empleos. El que visite estos días a Chiapas se percatará cómo el estado ha cambiado gracias a una inyección importante de recursos públicos. Regiones que antes se encontraban prácticamente aisladas, ahora cuentan con vías de comunicación. Vaya, hasta hay un equipo de futbol de primera división que juega en un estadio nuevo.

Si bien Chiapas sigue teniendo problemas, en la última década ha superado algunos de sus atrasos. El resultado político es palpable. En agosto se llevaron a cabo elecciones de gobernador muy competidas, cuestionadas por el candidato perdedor, pero hasta ahora ha imperado la paz social; ningún actor político se ha salido del cauce institucional. El movimiento zapatista, por su parte, se ha diluido al punto de que el subcomandante Marcos ha trasladado sus operaciones a la Ciudad de México.

En el caso de Oaxaca, todo el mundo está pensando en resolver la coyuntura actual, ya sea por la negociación, el uso de la fuerza pública o ambas. Como si después, por arte de magia, llegarán la tranquilidad y la prosperidad. No, el verdadero reto ahí se queda. Porque Oaxaca seguirá siendo un polvorín permanente que requiere la solidaridad (entiéndase recursos públicos) de los otros estados para superar sus rezagos económicos y sociales.

Y al margen de fortalecer los programas gubernamentales que entregan dinero a los más pobres, lo que necesita Oaxaca es desarrollar su economía. Tiene con qué. Un posible motor de crecimiento es la región del istmo de Tehuantepec donde, con los incentivos y la infraestructura adecuados, podrían establecerse industrias que necesitan salidas rápidas a los océanos Pacífico y Atlántico, vía los puertos de Salina Cruz o Coatzacoalcos. La Ventosa, ubicada en el istmo, ofrece una oportunidad fantástica de generar energía eólica. Otro polo de desarrollo y generación de empleos son las paradisíacas playas que demandan mejores accesos carreteros y aeronáuticos. Finalmente, la ciudad de Oaxaca ofrece un atractivo turístico único en el mundo que, si bien comenzaba a explotarse, ha sufrido un duro revés con la presente crisis política.

En Oaxaca debe haber una decisión de Estado para promover el desarrollo económico. Un buen desenlace a la coyuntura actual sería que 2006 se convierta para Oaxaca en lo que fue 1994 para Chiapas: un annus horribilis que le abrió los ojos (y la chequera) a la nación de rezagos groseros que deberían avergonzarnos a todos los mexicanos.

LEO ZUCKERMAN

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Avispero oaxaqueño

por José Antonio Crespo
publicado el 29 de septiembre en Excélsior

El gobierno federal ha anunciado con bombo y platillos que el grave conflicto oaxaqueño no lo heredará al nuevo gobierno de Felipe Calderón. Por lo cual va a ser cabalmente resuelto antes del 30 de noviembre. ¿De verdad así será? Es de dudarse, aunque sea porque casi todo lo que ha anunciado el gobierno con tanta convicción termina por no salir bien. Así ocurrió con el conflicto chiapaneco en 2001, la construcción del aeropuerto internacional en 2002, la reforma fiscal de 2001 y 2003, el desafuero de Andrés López Obrador en 2005 y el desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia en 2006. En ésos y otros casos las cosas salieron al revés de como las anunció el gobierno. El conflicto oaxaqueño ha puesto al presidente Fox entre la espada y la pared. Dada la cerrazón y el creciente radicalismo de la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca, parece haber sólo dos opciones básicas, ambas bastante onerosas para el gobierno y sus aliados: o permitir que caiga Ulises Ruiz, ante la evidente dilución del gobierno oaxaqueño, o recurrir a la fuerza pública para meter en orden a los manifestantes. El panorama es harto complicado por las siguientes razones:

1) El fracaso en obtener un consenso electoral sobre quién realmente ganó y quién perdió se ha traducido en una mayor fragilidad institucional que se superpone a otros conflictos, como claramente ocurre en el caso Oaxaca. Así, el PRI se ha convertido en un fiel de la balanza en la legitimación y consolidación del triunfo de Calderón, por lo que la capacidad de influencia y chantaje del tricolor es enorme. Y, para variar, ha decidido proteger a sus miembros distinguidos, hagan lo que hagan, por lo cual exige la connivencia del gobierno entrante y saliente para preservar su tradicional impunidad. Los gobiernos del PAN han quedado como rehenes políticos del PRI. De promover el gobierno y el PAN la caída de Ruiz tendrían que enfrentar la ira tricolor, que podría poner en graves aprietos a Calderón.

2) Viene el asunto del no sentar un mal precedente. Un gobierno constitucional que cede ante una movilización extrainstitucional pondría en peligro otros gobiernos legalmente constituidos, tanto en el resto de las entidades como el federal. Las cosas no se verían así de haberse logrado un consenso electoral sobre un ganador indiscutible en la sucesión presidencial y que el ganador tuviera plena legitimidad, pues la eventual caída de Ruiz no implicaría el riesgo de que lo propio ocurriera con Calderón. Al sostener al gobernador se pretende resguardar la gobernabilidad futura. Pero desde una óptica democrática puede plantearse igualmente que el hecho de que un gobernante ascienda al poder por vías legales no supone, ni debe suponer, que se mantendrá en el cargo, pese a incurrir en actos autoritarios, represivos o ilegales, como muchos insisten que ha sucedido en el caso de Ruiz. Y es que la democracia debe permitir la remoción por vía legal e institucional de un gobernante abusivo, pues en ello radica la rendición de cuentas, esencia del ejercicio democrático del poder. Las figuras constitucionales de “desaparición de poderes” y de “juicio político” prevén justo esa posibilidad. Si eventualmente se decide la salida de Ruiz como la opción menos mala, podría ser cubierta con cabal legalidad (probablemente bajo la desaparición de poderes).

3) Si en cambio se decide recurrir a la fuerza pública, la cual según acordó Fox con varios gobernadores del PRI, “ni se anticipa ni se descarta”, las cosas pueden complicarse igualmente. Por un lado, el propio Fox se encargó de propagar, tras lo de San Salvador Atenco, que ese tipo de decisiones eran autoritarias y por eso no había recurrido a ello frente a los macheteros levantados, en tanto que Santiago Creel signaba la doctrina de que la fuerza pública sólo debe aplicarse a los grupos que violan la ley cuando sus demandas no sean legítimas, aunque no especificó quién determina la legitimidad en cada caso. Ahora, desde el Senado, Creel asume exactamente la posición contraria. Fox recientemente afirmó en Nueva York que el uso de la fuerza es mal visto por los mexicanos. En efecto, por razones históricas en México se malcomprende que la gobernabilidad democrática exige el legítimo uso de la fuerza pública ante grupos que violentan la ley, sean sus demandas legítimas o no. La Encuesta de Cultura Política, levantada por Gobernación, señalaba en 2001 que 66% de la muestra se mostraba en total desacuerdo con el uso de la fuerza pública para resolver conflictos políticos. Cuando se aclaraba a los encuestados que ello sería para evitar que terceros resultaran afectados, ya sólo 55% manifestó su desacuerdo. Pero seguía siendo más de la mitad, frente a sólo una cuarta parte que aprobaba, en tales condiciones, el uso de la fuerza pública. Y por ello se ha pensado que, en caso de recurrir a ese expediente, sea el gobierno de Fox y no el de Calderón el que asuma ese costo político.

4) El problema radica en que este gobierno no ha podido encontrar el justo medio entre renunciar a la fuerza pública (Atenco I), hacerlo de manera ineficaz (Ciudad Lázaro Cárdenas) o utilizarla con lujo de violencia y flagrante violación a los derechos humanos (Atenco II). El uso de la fuerza pública para “solucionar” el conflicto oaxaqueño podría resultar un fiasco, de no ser eficaz. O puede exacerbarlo, en lugar de resolverlo, si se derrama sangre y se practican nuevas violaciones a los derechos humanos. En cuyo caso, en lugar de “despejarle el terreno” al gobierno de Calderón, Fox podría dejarle como legado un campo minado, un avispero recién atizado. Habrá que ver qué decide finalmente el evasivo y poco diestro gobierno federal.

JOSÉ ANTONIO CRESPO

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Lecciones de Oaxaca

por Ana María Salazar
publicado el 29 de septiembre en El Universal

Hay lecciones importantes para el presidente electo Felipe Calderón y para su equipo ante el fracaso foxista del manejo de la crisis de Oaxaca.

Oaxaca fue un problema fácil de ignorar, en parte porque la educación de 1.5 millones de niños oaxaqueños fue de poca importancia para la clase política y para el gobierno federal. Si una huelga similar hubiera sucedido en Nuevo León, me pregunto si la autoridad federal se hubiera quedado cruzada de brazos. Además, para el gobierno de la República, el estado de Oaxaca parece no tener ningún valor estratégico: no es un estado fronterizo, no tiene alguna industria que tenga un impacto nacional, ni tiene petróleo. Una crisis similar en un estado rico en petróleo, como Tabasco, hubiera significado el envío de tropas casi de inmediato. (Hay que ponerle atención al posible conflicto postelectoral que pueda surgir en Tabasco, y ver con qué rapidez reaccionan las autoridades federales).

Como la crisis oaxaqueña inició durante el proceso electoral y continuó en el postelectoral fue fácil para el gobierno federal ignorar cómo crecía la agresividad y la violencia de las protestas en Oaxaca. Sobre el gobernador Ulises Ruiz no hay mucho qué decir y mucho menos qué defender.

Hay razones y excusas por las cuales se abandonó al pueblo de Oaxaca y se permitió que lo que inició originalmente como una mera negociación laboral de maestros, se convirtiera rápidamente en un problema de fondo, con una entidad donde dejó de existir el estado de derecho y cualquier premisa básica de gobernabilidad. Los problemas fundamentales que tiene el gobierno actual de injerir en el problema de Oaxaca y encontrar una solución negociada son dos: primero, que la decisión de entrarle al conflicto fue demasiado tarde, permitiendo que se fuera deteriorando día a día la situación en este estado. En cualquier otro país, si surgiera una crisis similar a la que se vive en Oaxaca, no sólo hubiera tenido el gobierno federal injerencia en el problema desde hace meses, sino que se hubieran enviado fuerzas de seguridad para aplacar las protestas. El cumplimiento de las primeras semanas de la huelga de maestros debería de haber sido suficiente para que el gobierno federal empezara a participar en una negociación. Un país no puede dejar a más de un millón de niños sin acceso a la educación.

Además de posponer su participación, el gobierno federal dio a los promotores de la inestabilidad y la violencia en Oaxaca un fuerte incentivo para no negociar, ya que el gobierno de Fox va de salida. ¿Para qué desgastarse con funcionarios que en unas semanas estarán desempleados?

Claramente para la APPO y para el sindicato de maestros, su interés ahora es negociar con la administración calderonista. Y esto explica la posición tan intransigente de los negociadores oaxaqueños, con su exigencia de que se vaya el gobernador Ulises Ruiz, dado que no tienen ninguna intención ni interés de negociar con este gobierno y harán lo posible por posponer cualquier discusión. Grave error del gobierno federal: su negligencia de entrarle rápidamente al conflicto, permitió que se fuera agravando dramáticamente la gobernabilidad en el estado y que hoy no sea reconocido ni siquiera como mediador.

El segundo error de esta administración es tal vez más grave y se remonta a la política pública que inculcó Fox desde el inicio de su Presidencia: nos hizo entender a todos su reticencia de hacer uso de la fuerza en contra de aquellos que violentaban el estado de derecho. Y esta percepción que se tiene del Estado mexicano, de que negociarían todo, por no sacar las fuerzas de seguridad, básicamente ha debilitado mucho al gobierno en su capacidad de enfrentar protestas y a grupos violentos. Aunque el uso de la fuerza debe ser la última instancia que tiene el gobierno, los actores que amenazan y usan la violencia y la intimidación para obtener sus objetivos, tienen que saber, y temer, las consecuencias de no llegar a un acuerdo. El gobierno tiene que negociar con la zanahoria en una mano y con el garrote en la otra.

ANA MARÍA SALAZAR

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Violencia legítima

por Jorge Chabat
publicado el 29 de septiembre en El Universal

El tema de la violencia es tan antiguo como la humanidad. De hecho, la capacidad de ejercer violencia por parte de un individuo hacia otro es lo que da origen al Estado, de acuerdo con los clásicos de la Ciencia Política. En esta perspectiva, el Estado se crea precisamente para evitar que una persona ejerza violencia contra otra. Esa situación de violencia sin control, llamada por los clásicos el "Estado de naturaleza", es a lo que el Estado moderno pone fin al acumular más violencia que cualquier ciudadano en particular.

En teoría, la capacidad de ejercer la violencia por parte del Estado deriva de dos hechos: la cesión voluntaria de los ciudadanos de su derecho a usar la violencia, en aras de la violencia estatal y la capacidad real del Estado de derrotar a cualquier violencia privada.

Esto es, el Estado cuenta con el monopolio de la violencia legítima, así como con la capacidad de ejercer una violencia de manera más eficiente que los actores privados. Obviamente, cuando alguna de estas dos características se ve afectada, el pacto Estado-sociedad se empieza a debilitar.

Lo anterior no significa que el Estado tenga que usar de manera cotidiana la violencia. De hecho, en los estados democráticos consolidados la violencia estatal se ejerce pocas veces, pues no es necesario su uso. Por lo general, los ciudadanos respetan las leyes y no ejercen la violencia "ilegítima" para desafiar al Estado. Pero si el uso de la violencia estatal es raro, la amenaza de su uso es fundamental para disuadir a los actores sociales de desafiar al Estado. Y en el fondo esa es una de las bases del cumplimiento de la ley: la amenaza del castigo que no es otra cosa que la amenaza de ejercer la violencia legítima por parte del Estado.

Toda esta discusión viene a cuento porque en México existe desde hace décadas una idea muy arraigada en amplios sectores de la sociedad y de la clase política, de que cualquier uso de la violencia por parte del Estado es ilegítimo y que los conflictos sociales se deben resolver mediante la negociación y nunca mediante la fuerza.

El argumento, compartido tanto por el gobierno de Fox como por el PRD, tiene consecuencias lógicas terribles: si se acepta que la violencia legítima del Estado no debe de usarse, la conclusión inmediata es que los cuerpos policiacos deben desaparecer y que, ante la comisión de delitos, hay que establecer mesas de diálogo. De esta forma podríamos tener en la Secretaría de Gobernación varias comisiones de negociación: con secuestradores, con narcotraficantes, con asesinos.

Lo que estos criminales obtengan obviamente va a depender de su capacidad delictiva. Es decir, mientras mayor capacidad operativa tengan estos delincuentes, mayores beneficios van a obtener en la negociación. Más de alguno dirá que esta es una comparación injusta pues los narcos y secuestradores son criminales y que los grupos que generan violencia para reivindicar una causa social justa no lo son.

El argumento sin embargo no es válido pues define al delito como un asunto de banderas y no de conductas. Ciertamente, esa ha sido una de las argumentaciones históricas de grupos antisistema violentos. La guerrilla de los 70 no realizaba asaltos a bancos o secuestros sino expropiaciones. Es la misma lógica de los terroristas: si la causa es justa, no hay delito.

La muerte de los miles de personas que estaban en las torres gemelas el 11 de septiembre fue una consecuencia necesaria de la lucha contra el imperio del mal. Toda proporción guardada, esa era la justificación de cerrar Paseo de la Reforma por la coalición Por el Bien de Todos: la causa de la defensa de la democracia era más importante que los derechos de los ciudadanos a circular y a ganarse el sustento. No había delito pues la causa era justa. Claro, en todos los casos quien decide que la causa es justa es el mismo que la enarbola.

En el caso del conflicto en Oaxaca nos encontramos otra vez ante el dilema de aplicar la violencia legítima frente a grupos que llevan meses actuando de manera criminal. Una vez más, el gobierno federal teme usar la fuerza pública porque cree que el conflicto se puede solucionar negociando. Y aún si así fuera, ¿quién va a reparar el daño causado por meses de desorden en la capital oaxaqueña? Y si esa es la lógica, ¿por qué no establecer una mesa de diálogo con el cártel del Golfo o el de Sinaloa?

Desde luego que no hay nadie en sus cinco sentidos que abogue por un uso indiscriminado de la violencia legítima ni que pueda apoyar una masacre de quienes protestan en Oaxaca. No.

Pero ya va siendo tiempo de que se detenga y se juzgue a quienes han invadido propiedad pública y han ejercido la violencia contra otros ciudadanos. ¿Es tan complicado pedir eso? ¿Es tan complicado pedir que el Estado haga su chamba?

JORGE CHABAT

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Exigen una solución en Oaxaca (entrevista)

publicado el 28 de septiembre en Reforma

Con la finalidad de tener un panorama más completo del conflicto y la postura de la APPO y el sector empresarial, nos permitimos transcribir la entrevista que Reforma hizo a Flavio Sosa y Zenén Bravo de la APPO, así como a Gerardo Gutiérrez y Jaime Zorrilla, del sector empresarial.

Convocados por Reforma, por separado, dirigentes de la Asociación Popular del Pueblo de Oaxaca y líderes del sector empresarial de la entidad, opinan sobre las salidas políticas al conflicto que se vive en la estado, luego de más de cuatro meses en donde la problemática ha ido creciendo.

Plantea la APPO reformas y que Ulises pida licencia

Flavio Sosa (FS) y Zenén Bravo (ZB), dirigentes de la Asociación Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO) proponen como puntos de una salida negociada para el conflicto de esa entidad, que el gobernador Ulises Ruiz pida una licencia por un mes y el pacto de un paquete de reformas legislativas.

REFORMA.- Hay voces que piden el uso de la fuerza pública en Oaxaca...

FS: No es la solución. Nuestra propuesta es una solución, como dice la Secretaría de Gobernación, de una solución integral al conflicto. Es decir, requiere de transformaciones profundas, de carácter incluso estructural, hay que transformar el andamiaje jurídico de nuestro estado, se tienen que renovar las relaciones sociedad-Gobierno.

REFORMA: ¿Qué es renovar el andamiaje jurídico? Digan tres medidas concretas...

FS: La ley electoral, que rige la participación de los ciudadanos, de las organizaciones y de los partidos, que rige la participación del órgano electoral, tenemos elecciones altamente cuestionadas porque en Oaxaca no ha pasado la transición, ni siquiera la alternancia.

Una segunda reforma es a las leyes orgánicas de los municipios; en Oaxaca tenemos 570 municipios y una sola Ley Orgánica para todos y esa Ley Orgánica no refleja todo el mosaico cultural que tiene nuestro Estado. Además, está desfasada con las reformas al Artículo 115 de la Constitución federal, y no entiende la realidad indígena de nuestro Estado.

La Ley de Coordinación Fiscal. Por ejemplo, tenemos el caso de los municipios donde tiene agencias más grandes que la cabecera; las agencias reclamándole recursos a la cabecera, y la cabecera dice 'momento, el Ayuntamiento, el Artículo 115 me ampara'. Necesitamos una ley de transparencia, en Oaxaca no la hay.

REFORMA: Pero acaban de aprobar una ley de transparencia ¿No la reconocen?

FS: Aprobada en el domicilio particular de un legislador. Ni la reconoce la sociedad. Quién sabe si cumplió la formalidad legal

REFORMA: ¿Por qué la salida de Ulises Ruiz? ¿No es una necedad del movimiento de que si no se va Ulises Ruiz no cesan su protesta?

ZB: Es que en la lucha social no pueden haber necedades, y sobre todo cuando hay la incorporación de todo un pueblo y habría que analizar también las causas del por qué esta movilización. Hay un ambiente de irritación de la población. Cuando estalla el movimiento magisterial falta tacto, no hay ofrecimientos en la mesa, o sea hace un año les dan 120 millones, y este año les ofrecen 60. Entonces por lógica todos dicen 'bueno, por qué si hay mayor presupuesto, por qué ahora se reduce' y viene el jaloneo. Viene la agresión del 14 junio, entonces ya la gente estaba preparada para un levantamiento, ante esto hay una gran incorporación de colonos, de estudiantes, de los municipios aledaños a la capital.

Quizás y lo decía Carlos Fuente hace días, a la mejor si el PRI gobernara ya estuviera resuelto el problema, nada más que de que nos encontramos en una coyuntura en la que el PAN requiere de un aliado aunque sea incómodo, por todo lo que el PRI significa en su historia y su presente, pero le es necesario. ¿Y quién está pagando este costo? Pues el pueblo de Oaxaca.

REFORMA: ¿La salida de Ulises Ruiz es solución?

FS: Su salida traería la calma, porque junto a eso también el movimiento popular, digamos, la parte más organizada también está considerando la necesidad de las reformas, lo de los cambios o de una nueva Constitución... Puede haber un sistema de licencias que vaya renovando, por lo menos en la población lo que les preocupa, por así decir, es la salida de Ulises Ruiz.

REFORMA: ¿Quieren un gobernador de la APPO?

ZB: No, nosotros nunca hemos planteado eso; si quisiéramos un Gobernador de la APPO, pero entendemos las condiciones políticas. En la mesa de Gobernación planteamos 'salidas institucionales'. Si Gobernación dice: 'saben qué, estamos convenciendo a Ulises Ruiz', y él dice 'bueno, se va en diciembre o en noviembre', quizás eso nos daría elementos para decir a la población: 'compañeros o ciudadanos, hay esta posibilidad, le bajamos a la intensidad de la movilización porque estamos viendo que hay una luz al final del túnel, pues'. Pero no la hay. Ese es el problema.

REFORMA: ¿Qué garantías da el movimiento del que ustedes forman parte de no cometer los abusos que se han visto, y que un sector de la opinión pública reprueba, como la justicia por propia mano?

ZB: Una licencia temporal de Ulises Ruiz, por ejemplo de un mes, bajaría la tensión en el Estado de una manera total. Es decir se retomaría la normalidad de la vida en Oaxaca, se tendrían que pactar paralelamente a ello los espacios de discusión y participación.

REFORMA: ¿Ustedes son guerrilleros?

ZB: Cuatro precisiones: Uno, el movimiento en Oaxaca no es gremial, inició así pero hoy es un movimiento popular; dos, no tiene vínculos orgánicos con el movimiento de López Obrador; tercero, no es un movimiento localizado en la capital únicamente, ahí están concentradas las fuerzas porque ahí residen los Poderes del Estado; cuarto, no hay vínculo con la guerrilla.

Dice IP que usar fuerza sólo agravia conflicto

Gerardo Gutiérrez (GG), Presidente de la Federación Sureste de Coparmex en Oaxaca y Jaime Zorrilla (JZ), miembro de la Cámara de Comercio de la entidad, aseguran que el uso de a fuerza pública en el conflicto oaxaqueño no solucionaría de fondo. Se pasaría, dicen, de un estado controlado por la APPO a un estado policiaco.

REFORMA: ¿Cómo afecta el conflicto al empresariado y a los comerciantes oaxaqueños?

GG: La afectación para todos ha sido terrible. El impacto económico, las pérdidas económicas, las pérdidas en el sector turismo han sido desastrosas. Tenemos resultados de cierre de empresas, pérdida de empleos, una disminución dramática de los visitantes, de la actividad económica en Oaxaca, que mucho depende del sector turismo y también del sector Gobierno.

Tenemos ya una crisis, no es simplemente una recesión, estamos hablando de niveles ya de subsistencia de las empresas, estamos hablando de que todos en un afán de solidaridad también estamos tratando de mantener los máximos empleos y a nuestra empresas con la esperanza de que este problema no se prolongue mucho más allá de lo que estamos.

REFORMA: ¿Está afectada solo la capital?

JZ: Originalmente los daños y las afectaciones solamente eran en el Centro Histórico; esto es muy cierto, pero sí hay que reconocer que en las últimas fechas se ha contaminado la actividad económica del Estado y esto tiene que ver con las afluencias turísticas de los principales destinos de costa que tenemos que son Puerto Escondido y Huatulco. En el exterior la gente difícilmente contempla la posición geográfica que guarda la ciudad de Oaxaca con respecto a la posición de Huatulco o Puerto Escondido, cuando nos divide una sierra y seis horas de camino en el mejor de los casos.

Eso ha contaminado el ambiente, al hablar de Huatulco y Puerto Escondido se habla de Oaxaca.

REFORMA: Hay voces que piden el uso de la fuerza pública ¿Eso resuelve el problema?

GG: No. Definitivamente no. Una acción única, unilateral, de fuerza pública no sería la solución. Si la fuerza pública va a acompañada de una serie de acuerdos de los diferentes actores, y hayan posiciones de platicar y de tratar de disminuir la presión que existe, podría caber la posibilidad de la fuerza pública, más como un medio de protección a la ciudadanía, que como una acción de fuerza.

Una acción de fuerza no es viable, esto es una opinión muy personal. La solución tiene que manejarse por varias vías donde tiene mucho que ver la sociedad civil y donde el gobierno federal debe tener muy claro de quiénes son los actores políticos, de dónde vienen, hacia dónde van.

Tener claro también que se tiene que incluir en la solución a todas las partes de la sociedad, y no nada más a algunos grupos, y también la responsabilidad del gobierno del estado, que tiene que hacer más presencia, tenemos que tener a nuestras autoridades estatales y municipales en Oaxaca, para que este estado de ingobernabilidad se pueda resolver.

JZ: Nos parece sumamente delicado que grupos, legisladores, estén presionando al gobierno federal para que intervenga la policía en Oaxaca. Una acción de esta naturaleza habría que sopesarla muy bien, habría que evaluarla muy bien, porque tenemos claro que si no se busca destrabar el conflicto y separar de él algunas partes muy radicales y muy violentas, el ir a actuar violentamente ahí, podríamos generar un problema de otra naturaleza.

Esto tiene que venir acompañado de acuerdos, de buscar desactivar algunas partes violentas que intervienen en esto.

GG: La gente de Oaxaca está muy desesperada; lo que queremos es tener las garantías mínimas de tránsito, de trabajo, de libertad, de una serie de cuestiones que ahorita no las tenemos de manera plena. En vez de que entre la fuerza pública a reprimir, que eso pues nadie quiere, porque no nos lleva a nada.

Pasaríamos de un estado de sitio de la APPO y de la Sección 22, a un estado policiaco, que no sé qué consecuencias pueda llegar a tener eso.

Sí necesitamos de alguna manera una protección, sí necesitamos que nos devuelvan nuestra ciudad, tener garantías indispensable, pero nos oponemos totalmente a una acción unilateral de fuerza, porque creemos que eso no va a llevar a ningún arreglo el conflicto, y sí lo podría exponer a niveles muy graves donde saliera todavía mayor perjudicada la ciudadanía.

JZ: El gobierno es parte del conflicto, y la APPO es parte del conflicto, tendrán que ceder ambas partes; tendrán que buscar un acuerdo que de pie a una salida pronta, que esa es la preocupación nuestra, las pérdidas son verdaderamente graves, dramáticas.

GG: La sociedad Oaxaqueña está muy consciente que es hoy o nunca, que tenemos que hacer grandes reformas, que hace mucho tiempo no se hacen, Oaxaca es un estado que no tiene reformas profundas, hace muchos años.

JZ: Oaxaca efectivamente demanda, no ahora, desde hace tiempo pero ahora con mayor urgencia de un gran acuerdo social, económico, político. Oaxaca requiere de la intervención clara, precisa y definitiva del gobierno federal en el tema de la infraestructura.

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Oaxaca: orden y prudencia

editorial de El Universal
publicado el 28 de septiembre

Alterada la vida social y económica de Oaxaca por las protestas de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y por integrantes de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), continúan estudiándose a nivel federal las medidas pertinentes para resolver en definitiva este problema.

Para esta madrugada se dispuso un paro de actividades económicas convocado por los empresarios y comerciantes oaxaqueños, a manera de protesta por la falta de acuerdos para resolver la situación, lo que hace todavía más complicada la vida en la capital de aquel estado.

Después de dieciocho semanas de disturbios, la economía de Oaxaca, basada en el comercio y el turismo, se ha desplomado; hay miles de despedidos y el centro histórico de la bella ciudad colonial ha sido dañado por los manifestantes.

El secretario de Gobernación, Carlos María Abascal Carranza, advirtió durante una entrevista con EL UNIVERSAL que, si es el caso, "con la decisión necesaria", se usará la fuerza con prudencia, y el secretario de Seguridad Pública, Eduardo Medina Mora, confirmó que la Policía Federal Preventiva está lista para entrar a Oaxaca.

Ciertamente, el uso de la violencia, así sea la legítima del Estado, para imponer el orden y salvaguardar la paz social, debe ser el último recurso, toda vez que se haya agotado cualquier espacio de diálogo, que es lo que debe privilegiarse.

De decidirse un desalojo usando la fuerza pública, la operación tendría que condicionarse a una actuación bien calculada, casi quirúrgica, de los cuerpos de seguridad, para evitar excesos y respetar los derechos humanos de los militantes del magisterio y de la APPO. Las policías modernas disponen de métodos disuasivos para enfrentar a muchedumbres agresivas y someterlas sin abusos. Sin embargo, vale insistir en que hay que dar oportunidad a una salida incruenta.

Las lecciones del conflicto oaxaqueño son evidentes y muestran cómo una mala negociación salarial con los maestros devino en un problema mayor, al contaminarse con los resabios de la lucha política electoral, la impericia gubernamental para el manejo de crisis y de una ominosa negligencia oficial que permitió la escalada del problema, quizá con la equivocada idea de que fuera olvidándose al paso del tiempo.

Ahora el gobierno estatal, que fue el primero que fracasó en su negociación política, pretende que del centro del país se ejerza la fuerza contra sus opositores, lo que no deja de ser injusto y a todas luces contrario al ejercicio natural de la política, entendida como el arte de negociar. El mandatario oaxaqueño tiene que reflexionar sobre la posición en la que ha puesto a su estado y en la que pretende dejar al gobierno federal.

También hay que tomar en cuenta que no bastaría con desalojar físicamente a los opositores del centro de Oaxaca, si no hay, de fondo, una negociación mayor que garantice la futura gobernabilidad del estado. El uso de la fuerza por la fuerza misma no sería suficiente para que la entidad saliera de su crisis.

Urge poner orden en Oaxaca y que regrese a la normalidad económica y política, pero debe hacerse siempre pensando en el interés mayor del país y de la paz social.

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Oaxaca y Calderón

por Ricardo Alemán
publicado el 28 de septiembre en El Universal

Fox debe ofrecer una solución, pero el presidente electo está obligado a tomar las riendas

La urgencia por devolver a Oaxaca la estabilidad política y social y de retomar la gobernabilidad en aquella entidad pasa, en los tiempos del cambio de gobierno, por una de las mayores carencias de la naciente administración: la legitimidad política y social. Sea mediante el diálogo, la negociación y/o la fuerza, el enredo político, social y de gobernabilidad que se vive en Oaxaca tendrá que estar resuelto antes del 1 de diciembre próximo.

Como es sabido por todos, frente a un amplio sector social el nuevo gobierno -legal para todos los efectos constitucionales- carece de la legitimidad social y política suficientes debido al cuestionado proceso del que es producto, y por ello enfrenta la urgente necesidad de trabajar desde el primer momento de su gestión -y aun antes de que Felipe Calderón reciba la banda presidencial- en la construcción de esa urgente legitimidad política y social. Y casualmente el caso Oaxaca aparece como la primera prueba para avanzar en esa dirección -verdadera prueba de fuego- para saber de qué está hecho Felipe Calderón.

Y es que si bien el de Oaxaca es un problema que anidó mucho antes del 2 de julio, cuando Calderón tenía pocas posibilidades de triunfo, y que las responsabilidades del mismo se deben acreditar tanto al gobierno estatal de Ulises Ruiz, como al de Vicente Fox -en los planos local y federal-, lo cierto es que en tanto presidente electo, Calderón no sólo es parte de la solución, sino que debiera ser el eje fundamental para encontrar una salida positiva del mismo. ¿Por qué? Porque ya es su responsabilidad. Técnicamente, por razones de tiempo, el presidente Fox debe atenderlo y ofrecer una solución, pero políticamente el presidente electo está obligado a tomar las riendas del mismo, puesto que de no ser atendido, el conflicto le estallará en el rostro a Calderón el 1 de diciembre, cuando asuma el cargo de Presidente de todos los mexicanos.

Pero además -y a pesar de la paradoja que entraña-, Felipe Calderón resultó beneficiado directo del añejamiento deliberado del conflicto. Es necesario recordar que el problema fue minimizado y desatendido con el argumento de que era prioritario no contaminar el proceso electoral presidencial. Luego no se atendió porque se cruzó en la compleja crisis postelectoral. En los dos casos el beneficiado, directo o indirecto, fue el hoy presidente electo, quien el 1 de diciembre podría terminar como principal damnificado. Por eso Felipe Calderón debiera ser no el más beneficiado con la solución de ese conflicto, sino el más interesado en mostrar su talante político, sus habilidades para el ejercicio de la política, para ofrecer soluciones o, si fuera el caso, "la mano firme" de la que ha alardeado.

Por lo pronto, el mayor riesgo que corre la naciente administración, más que el gobierno que se va, es que se confirme la fusión de dos posturas extremas -extremas por su radicalismo, pero afines en sus objetivos-, que le apuestan precisamente a derribar al gobierno de Calderón. Y es que sólo basta echarle una mirada a las declaraciones y las acciones de los operadores, gobernantes y fieles del "legítimo", para confirmar que López Obrador ha colocado una de sus cartas fundamentales -en su guerra personal contra Calderón-, a la mudanza de la crisis oaxaqueña al Distrito Federal y a su transformación de crisis local, contra Ulises Ruiz, al nivel nacional, para demandar la caída del gobierno de Calderón.

El gobierno del Distrito Federal, igual que ocurrió con el plantón en el corredor Reforma-Zócalo, se convertirá en el promotor de los manifestantes venidos de Oaxaca, quienes pasarán del reclamo por la caída del gobernador Ulises Ruiz a demandar la caída del gobierno de Calderón. Se sumarán a esa protesta los plantones locos que de tanto en tanto invaden centros comerciales que -según su delirio- apoyaron el fraude. De esa manera se gestará un problema de alcances nacionales. En pocas palabras, de nueva cuenta el dinero público servirá para dinamitar a las instituciones. Los vínculos de la crisis oaxaqueña con los intereses políticos del "legítimo" no los ve sólo el que no quiere verlos.

Y en todos los frentes se insiste en el privilegio del diálogo, la negociación, el acuerdo; en la política, pues. Y eso es lo deseable, pero lo cierto es que asistimos a una guerra política, de estrategias para derribar al adversario, más que a una lucha por reivindicaciones sociales. Pero todos o casi todos se niegan a reconocer que los rebeldes no aceptarán nada que no sea la rendición total; que se puede ofrecer lo que sea, pero que no aceptarán rendir la plaza. ¿Por qué? Porque su objetivo es precisamente provocar la solución de fuerza. Nada le resultaría más rentable al "legítimo" y a sus aliados de la APPO que la intervención de la fuerza pública. Tendrían parque suficiente para sus batallas.

Y entonces harán creer a muchos -igual que el cuento del fraude-, que son lo mismo el uso de la fuerza del Estado, el uso de la violencia o la represión. Y no son sinónimos. La fuerza del Estado es legal, en los márgenes legales; la violencia es el uso de la fuerza por métodos ilegales y la represión es propia de las dictaduras. Al tiempo.

RICARDO ALEMÁN

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Oaxaca; hora cero

por Ricardo Alemán
publicado el 27 de septiembre en El Universal

La crisis política, social y de ingobernabili- dad que se vive en Oaxaca llegó ya a una ruta sin retorno. Es cuestión de días para que se ordene el despliegue de la fuerza pública federal y estatal, para restablecer el orden en la capital oaxaqueña. Al parecer la decisión ya fue tomada y, salvo imponderables de última hora -como la proximidad del 2 de octubre-, es inevitable una solución de fuerza.

En la casa presidencial y en la Secretaría de Gobernación se habría llegado a la conclusión de que son inútiles los esfuerzos de una solución negociada, sobre todo ante lo "gelatinoso" del grupo más beligerante -la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)-, cuyos dirigentes han sido rebasados por grupos aún más radicales, que han convertido el centro de la capital oaxaqueña en una zona "liberada", verdadero ensayo de guerrilla urbana en formación.

El pasado miércoles señalamos aquí que "desde hace varias semanas están listos los operativos para que (en Oaxaca) intervenga la fuerza pública federal; se tienen identificados los focos rojos, a los incitadores; probados los delitos por los que serían encarcelados y diseñada una operación quirúrgica". Hoy se sabe que esa "operación quirúrgica" sería orientada sobre todo a los integrantes de la APPO, que es el grupo más radicalizado y que, incluso, se ha separado del magisterio.

También se sabe que desde el gobierno federal se hacen intentos por desvincular de la crisis y de la respuesta oficial de fuerza al magisterio de la sección 22 -grupo magisterial que es considerado por la APPO como traidor al movimiento-, que es el grupo social de mayor fuerza, mayor capacidad de respuesta, más organizado, pero que ha sido arrastrado por la APPO a un callejón sin salida.

El domingo pasado regresamos al tema y confirmamos que el gobierno de Fox determinó que por ningún motivo participaría en un acuerdo para negociar la salida del gobernador Ulises Ruiz, a cambio de la normalidad social y política en Oaxaca, y que realizarían los últimos esfuerzos para encontrar una salida negociada. Si en un tiempo razonable no existía una solución, "el gobierno saliente pagará los costos" de una intervención de fuerza.

El tiempo se habría agotado, y el paso siguiente en la estrategia oficial sería buscar un consenso entre los centros reales de poder -y para ello las reuniones de gobernadores del PRI con el Presidente Fox-, y encuentros del secretario Carlos Abascal con representantes empresariales, de iglesias y medios de comunicación, y acercamientos del presidente electo con sectores de influencia real en Oaxaca. La estrategia es avanzar en una solución de fuerza, cuidar que no se produzcan excesos y menos aún abusos de poder, pero al mismo tiempo contar con un consenso social e institucional que acompañe la decisión.

En esta estrategia, un elemento esencial sería la disección del conflicto. Es decir, desmontar esa difusa alianza entre la APPO y el rijoso magisterio oaxaqueño, desvincular a otros grupos que se han montado por la inercia de la crisis, y "coagular" a lo más radical de la APPO, al amparo de una circunstancia coyuntural como la desmovilización a causa de la marcha que viaja hacia la ciudad de México. En la solución de la crisis y en la disección del conflicto, que deje fuera al magisterio, también se habría recurrido a la "venta de futuros". ¿Qué quiere decir eso? Que, en efecto, no se aceptará que mediante la caída de Ulises Ruiz se resuelva el conflicto -lo que sería un antecedente nefasto para el nuevo gobierno-, pero la permanencia del gobernador de Oaxaca no sería hasta el término de su mandato. En tanto responsable de la gestación del conflicto, deberá asumir su responsabilidad y dejar el gobierno en un tiempo prudente.

Los anteriores son algunos de los escenarios que se tendrían previstos para buscar una solución a una crisis que ha rebasado todos los pronósticos y que cada vez muestran más el rostro de un foco social con careta de guerrilla urbana en gestación. Y precisamente ese es el mayor de los riesgos. Y es que casualmente entre los miembros de la APPO se actúa y responde como si se tratara de un grupo que táctica y estratégicamente respondiera como una guerrilla urbana.

En las últimas horas, y a partir de la lectura de los acontecimientos recientes, los miembros de la APPO han declarado alerta roja -término que identifica una orientación guerrillera-, se trabaja en la elaboración de bombas molotov, en el pertrecho de materiales de combate -de todo tipo, y no se descarta la aparición de armas-, en la elaboración de barricadas y en la delimitación de la "zona liberada", que más que los ideales y los reclamos de justicia, es el territorio a defender por parte de la APPO. El momento no es sólo de alta tensión, sino de alto riesgo para el Estado mexicano y grupos inconformes, en donde la sensatez parece ausente.

En solidaridad con Ricardo Rocha, periodista y amigo, más allá de las posturas a las que cada quien tiene derecho.

RICARDO ALEMÁN

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Sin diálogo

por Sergio Sarmiento
publicado el 26 de septiembre en Reforma

"Hay algunos que sólo usan las palabras para ocultar sus pensamientos".
Voltaire

¿Qué pasa cuando el diálogo falla? ¿Qué ocurre si las mesas de negociación no arrojan ningún resultado positivo? ¿Hasta cuándo debe un Estado permitir que una ciudad sea tomada como rehén mientras intenta lograr una solución por la vía del diálogo?

Rubén Aguilar, portavoz de la Presidencia de la República, declaró ayer que la Secretaría de Gobernación llevará la voz cantante en los esfuerzos por resolver el conflicto de Oaxaca. Esto debe ser inquietante para la mayoría de los oaxaqueños. Gobernación ha hecho ya un esfuerzo prolongado por construir un diálogo, pero desde hace mucho tiempo las puertas para la solución por el diálogo están cerradas.

El problema es que la APPO no es una organización de izquierda democrática o gremial. No está buscando objetivos concretos de beneficio social que puedan definirse por medio de la negociación. Es un grupo de choque que pretende, por las buenas o las malas, cambiar el modelo económico y político de nuestro país.

De hecho, la exigencia de derrocar al gobernador Ulises Ruiz es simplemente un objetivo temporal. El objeto real de la demanda es demostrar que la APPO tiene la capacidad de derrocar a un gobernador si así lo quiere.

Como otros movimientos radicales, éste tiende a rebasar a sus propios líderes. Por eso Enrique Rueda Pacheco, el secretario general de la sección 22, ha sido cuestionado por los miembros de la APPO. Este dirigente, que empezó el movimiento que hoy estamos viendo, es a juicio de los integrantes de la APPO un traidor. El simple hecho de que haya propuesto una consulta entre los maestros para ver si éstos quieren regresar a clases lo convierte en tal a ojos de los radicales. Éstos consideran que no debe haber ninguna consulta de ningún tipo mientras el gobernador no haya renunciado o haya sido destituido. Poco importa lo que piensen los maestros. Si éstos quieren regresar a clases, serán también traidores de su propio movimiento.

El periodista Ricardo Rocha vivió este pasado fin de semana la lógica del radicalismo. Un grupo de integrantes de la APPO invadió su habitación en el Hotel Camino Real de Oaxaca por creer que estaba entrevistando al gobernador Ruiz, lo cual no debería ser un pecado en una sociedad abierta. Lo detuvieron en el interior del hotel y lo agredieron. Le dijeron que lo iban a juzgar. Le preguntaron que cuánto le había pagado el gobierno oaxaqueño para mentir acerca de su movimiento. Me da la impresión de que nunca han visto un reportaje de Rocha.

Pero así son estos movimientos. Por su propia naturaleza se ven rebasados por quienquiera en su interior que asuma la posición más radical. Cuando Rocha les pedía a quienes lo habían detenido que hablaran con aquellos dirigentes de la APPO que le han servido de contacto en el pasado, por lo menos para que supieran quién es y qué posiciones ha tomado, un joven líder radical le espetó: "Aquí no hay dirigentes... Aquí todos somos APPO".

Los funcionarios de gobierno que han tenido que negociar con la APPO y con la sección 22 del SNTE se quejan de que éstos no respetan los acuerdos a los que llegan. No se dan cuenta de que eso es precisamente lo que se puede esperar de organizaciones radicales. Los acuerdos para ellos no tienen más propósito que establecer el piso para la siguiente exigencia. Si el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, les entregara la cabeza sangrante del gobernador Ruiz en una bandeja de plata, de inmediato exigirían la cabeza del secretario.

Entiendo que un gobierno débil -como el del presidente Fox o el del gobernador Ruiz- busque aplazar de manera indefinida lo inevitable. Pero quien ve el conflicto desde fuera difícilmente puede evitar darse cuenta de que la negociación no es el camino para lograr una solución en un conflicto en el que participan estos grupos radicales. Pretender que se les puede satisfacer con concesiones es no entender su lógica. Lo que ellos buscan es la destrucción del sistema político y económico de nuestro país.

El gobernador Ruiz parece haber entendido que la negociación no llevará a ningún lado y por eso ha dejado de pagar los sueldos de los maestros faltistas. Al mismo tiempo ha anunciado que buscará reemplazar a los docentes que no se presenten a trabajar. Dudo que al final pueda realmente cesarlos, pero cuando menos ha entendido que para tener éxito en una negociación con estos grupos debe endurecer su actitud.

El secretario de Gobernación, Abascal, mientras tanto, sigue buscando la solución en la mesa negociación. Me dicen que está convencido de que el movimiento es impulsado y financiado por Elba Esther Gordillo. Por eso piensa que encontrará una solución con una negociación razonable, como las que se pueden tener con la maestra. Mi impresión, sin embargo, es que ni la maestra está detrás del movimiento ni la negociación es la vía para resolver el secuestro de Oaxaca.

SERGIO SARMIENTO

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Costos peligrosos

por Guillermo Ortega
publicado el 24 de septiembre en La Crónica

Decíamos ayer, que la situación en Oaxaca es ya insostenible. En tanto que legisladores pertenecientes a diversos grupos parlamentarios y los funcionarios federales se toman las cosas con calma, e insisten en que el uso de la fuerza pública para restaurar el orden en la entidad debe ser considerado como el último recurso, la ciudadanía oaxaqueña vive prácticamente secuestrada en su ciudad. Las barricadas y plantones instalados ilegalmente, atentan contra el derecho de libre tránsito de los ciudadanos, mientras que el toque de queda instaurado por la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca mantiene a la población atemorizada.

Los daños económicos asumidos por la entidad son cuantiosos, incalculables en algunos casos, como el de la imagen turística del estado, que se ha desplomado en los mercados internacionales. Hemos recibido una gran cantidad de correos electrónicos que cuentan la realidad de espanto en que vive la gran mayoría de los oaxaqueños, así como el grave quebranto que ha sufrido en su patrimonio, especialmente los radicados en la capital del estado. Esos mensajes demuestran que la situación ya ha llegado al límite para ellos, es decir, que podría haber llegado ya el momento de usar el último recurso, que por lo demás, tal vez debería haber sido el primero, considerando que nadie debe estar por encima de la ley. Si cualquier ciudadano común va y bloquea una calle o coloca una barricada, la policía acude de inmediato y lo detiene sin ningún miramiento, en cambio, cuando llegan estos grupos de revoltosos a cerrar vialidades, invadir plazas públicas y condicionar el tránsito de ciudadanos, la autoridad lo convierte en un asunto político y se arruga a la hora de cumplir con su obligación de hacer respetar la ley.

Nos encontramos entonces, conque nuevamente un grupo minoritario tiene a una parte de la población del país en jaque, secuestrada en su propia ciudad, tratada con violencia y desprecio por esta gente que no sabe nada más que sus propios intereses. La autoridad estatal ya aceptó hace semanas que quedó rebasada por el conflicto y solicitó la intervención del gobierno federal. Asimismo, el Congreso de Oaxaca ha solicitado el uso de la fuerza pública para imponer el orden y restaurar el estado de Derecho. Sin embargo, como decíamos antes, tanto el Legislativo como el gobierno federal siguen sin decidirse a utilizar el “último recurso”, aunque ya es evidente el fracaso de la política. Mientras lo piensan, los ciudadanos siguen asumiendo los peligrosos costos de la escalada de violencia. Entonces, nos preguntamos: ¿y la población, hasta cuándo será atendida?

GUILLERMO ORTEGA

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La hora de Oaxaca

editorial de El Universal
publicado el 23 de septiembre

Avanza hacia la ciudad de México la marcha de los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) que, junto con integrantes de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), buscan presionar a las autoridades federales y estatales para que sean cumplidas sus demandas, entre ellas la más notoria, de que renuncie el gobernador Ulises Ruiz.

El grupo inconforme, sin embargo, ya no es homogéneo, se ha dividido por la pretensión de los líderes magisteriales de hacer una consulta entre sus bases para ver si regresan a las aulas el próximo 2 de octubre, aun cuando no se hayan satisfecho sus peticiones, entre ellas la original, la rezonificación salarial. Esto lo ha visto la APPO como una traición al movimiento y ha elevado la tensión entre estos grupos y tiene al movimiento entrampado en la disyuntiva de hasta dónde están dispuestos a radicalizar sus acciones. Los maestros parecen no querer llegar a posiciones extremas, los demás, sí.

Ese es el problema de exacerbar ánimos y renunciar al diálogo y la negociación. Llega un punto en el que las medidas de fuerza son, aparentemente, la única salida a los problemas. Quienes apuestan a radicalizar cualquier planteamiento se arriesgan a diluir su propio movimiento en choques con quienes no están dispuestos a llegar a esos puntos sin retorno de la lucha social.

Del otro lado del conflicto, el gobierno estatal también parece haber llegado a su límite negociador, pues ha pedido en varias ocasiones el uso de la fuerza pública federal para restablecer el orden en Oaxaca.

No es posible que la única lógica, de ambas partes, sea la de la cerrazón. Ninguna posición puede ser irreductible, ni los mexicanos queremos que la falta de habilidad negociadora de las partes se traduzca en violencia.

Todos los participantes de este conflicto tienen la responsabilidad de guiar a sus bases por terrenos donde, sin renunciar a sus convicciones, puedan hacer valer sus argumentos y conseguir avances. Todos, además, deben asumir su respectivo papel en el esquema de las negociaciones y también deben tener la suficiente lucidez para saber discernir en qué momento parar, cuándo ceder, y cuándo lo más prudente es hacerse a un lado para no ser un obstáculo que empañe la paz social, que está por encima de cualquier otro valor político.

Oaxaca no merece más incertidumbre. Sus indicadores económicos se desploman, su afluencia turística languidece, las inversiones se han detenido, los niños no van a la escuela, entre muchos otros males. Peor aún, las secuelas de este fenómeno amenazan con extenderse, inmerecidamente, ahora al Distrito Federal. Es tiempo de parar esta espiral de sinrazones y fundamentalismos con acciones terminantes, pero exentas de violencia.

Es hora de negociar con firmeza y asumir que no será ahorcando al pueblo de Oaxaca como mejor se le servirá, sino pensando en que ninguna salida negociada puede satisfacer a todos, pero siempre será mejor que dejar que los problemas se gangrenen solitos. Es tiempo de pensar en valores más altos que los que pueden ser exclusivamente de grupo o de personas. Como vamos, no se llegará a buen puerto.

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Fuerza pública

por Sergio Sarmiento
publicado el 21 de septiembre en Reforma

"Protesto guardar y hacer guardar la Constitución...
y las leyes que de ella emanen...
y si así no lo hiciere que la nación me lo demande".

Juramento presidencial, artículo 87 de la Constitución

Este 19 de septiembre, un grupo de unos 150 policías de Naucalpan, molestos porque se les había modificado su horario de trabajo, bloquearon el Periférico Norte durante tres horas y provocaron un enorme caos vial que afectó a cientos de miles de personas, muchas de las cuales nunca supieron por qué se había colapsado el tránsito en el norte de la Ciudad de México. El presidente municipal de Naucalpan, el panista José Luis Durán, afirmó en un principio que se destituiría a los involucrados en el bloqueo. Al final, como es usual en estos casos, ello no ocurrió.

De hecho, no podemos sorprendernos de que los policías hayan recurrido al bloqueo. Los distintos gobiernos de nuestro país han lanzado reiteradamente el mensaje de que los plantones que afectan a terceros son una forma no sólo permitida sino aceptada de hacer peticiones a la autoridad. El gobierno perredista del Distrito Federal estuvo apoyando y financiando el prolongado bloqueo del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico de la Ciudad de México que concluyó el 15 de septiembre.

En una reunión con el consejo editorial del Wall Street Journal en Nueva York, el presidente Vicente Fox señaló este 19 de septiembre que no está de acuerdo en el uso de la fuerza pública, ni siquiera en casos en que ésta se encuentra justificada. Él se refirió específicamente a Oaxaca, que lleva ya cuatro meses tomada por grupos radicales. Con esta respuesta, el Presidente mandó una señal de que dejará que Oaxaca siga sufriendo los efectos del plantón sin tomar ninguna medida para defender los derechos de los oaxaqueños.

Mucha gente -claramente no la directamente afectada por los bloqueos- defiende esta posición. Considera que la fuerza pública no debe usarse nunca en contra de grupos políticos hagan lo que hagan. Lo único que puede hacer la autoridad, según este punto de vista, es esperar pacientemente a que los radicales obtengan lo que exigen o a que se cansen de violar los derechos de terceros.

Pero esta posición es inaceptable. Para empezar, no es cierto que en nuestro país se permita cualquier tipo de protesta. El Presidente sí ha utilizado la fuerza pública, pero sólo para defender sus propios intereses. Recordemos el importante despliegue de fuerza pública que se hizo el 1o. de septiembre que tenía como objeto permitirle a Fox llegar al Palacio Legislativo. Si esos mismos efectivos se hubieran utilizado para liberar Oaxaca, hace ya mucho tiempo que esa ciudad tendría una vida normal.

Los políticos se niegan a usar la fuerza pública para evitarse problemas en lo personal. Un gobernante que actúa con decisión será siempre objeto de críticas por parte de los grupos políticos que se le oponen. Una acción policiaca, por otra parte, puede provocar heridos o incluso muertos. Al costo político que esto implica, se añade la posibilidad de que se ejerzan acciones penales en el futuro. Las denuncias en contra del ex presidente Luis Echeverría y de otros altos funcionarios del gobierno mexicano de las décadas de 1960 y 1970 son el ejemplo que los políticos actuales quieren evitar.

Al negarse a hacer uso de la fuerza pública, sin embargo, nuestros gobernantes no sólo están endosando el costo de las protestas a ciudadanos que no tienen ninguna responsabilidad en lo que ocurre sino que están abiertamente violando su juramento de "guardar y hacer guardar... las leyes".

Lo peor de todo es que los grupos radicales que se han acostumbrado a usar los bloqueos como forma de protesta cada vez necesitan ir más lejos. Hacer un plantón en una calle durante un par de horas ya no es suficiente para llamar la atención de los medios de comunicación o de los políticos. Ahora es necesario asfixiar a una ciudad, como lo ha hecho la APPO con Oaxaca. Y si no quieren volverse irrelevantes, estos grupos tienen que escalar cada vez más sus movilizaciones.

La autoridad no puede seguir cruzándose de brazos. Cada vez que se permite un bloqueo de una calle, de una vía rápida o de una ciudad, se siembran las semillas para nuevas acciones de este tipo. Si la autoridad se sigue negando a actuar, tarde o temprano tendrán que ser los propios ciudadanos los que tomen medidas en contra de quienes violan sus derechos.

En todas las sociedades modernas hay una fuerza pública cuya función es hacer cumplir la ley y defender los derechos de los ciudadanos. Si la fuerza pública no cumple con su trabajo, la sociedad se convertirá en rehén o tendrá que hacerse justicia por propia mano. En aras de evitar una supuesta violencia por la aplicación de la ley, las autoridades sólo han conseguido el abuso constante de los derechos de los ciudadanos. Se está estableciendo la ley de la selva en nuestro país. Y en ésta sólo se benefician los más fuertes.

APPO al DF

Los militantes de la APPO se dirigen ahora a la Ciudad de México. Y es lógico: el secuestro de Oaxaca ya no sirve a sus propósitos. Hoy necesitan escalar sus acciones y buscarán, por lo tanto, asfixiar al Distrito Federal. El gobierno capitalino ya informó que les dará todas las facilidades necesarias. Y el presidente Fox seguirá manteniendo inútiles mesas de diálogo, que ni pueden conseguir la renuncia del gobernador oaxaqueño, Ulises Ruiz, ni pueden recurrir a la fuerza pública para evitar que la APPO siga violando los derechos de terceros.

SERGIO SARMIENTO

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El conflicto de Oaxaca

editorial de El Universal
publicado el 21 de septiembre

En un intento de resolver el problema político de Oaxaca, mediante una mesa de negociaciones en la Secretaría de Gobernación -en la que comparecían representantes de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca (APPO)- ni el gobierno federal ni el estatal llegaron a conclusión alguna, lo que derivó en el anuncio de próximos plantones de esa organización social en el Distrito Federal, frente a algunas embajadas y ante el Senado de la República.

Es lamentable que no haya habido avances en las conversaciones y que, en lugar de atenuarse el problema se agudice y transfiera a la capital del país, que acaba de padecer la experiencia de un incómodo plantón postelectoral en algunas de sus principales vialidades.

El equipo de transición del presidente electo Felipe Calderón Hinojosa ya expresó su preocupación de que el problema le vaya a ser heredado el primero de diciembre, en virtud de que el problema, que mañana cumplirá cuatro meses, se ha enconado por la irreductible demanda de la destitución del gobernador.

Además de la toma de edificios públicos en Oaxaca, el largo periodo sin clases en las escuelas, el cierre temporal de caminos, comercios, hoteles y centros turísticos, inclusive la fiesta anual de la Guelaguetza, los voceros de la APPO reiteraron que en los plantones seguirán incorporados niños, en un claro intento de desalentar acciones policiacas en su contra.

Aunque el gobierno capitalino anunció que respetará toda manifestación pacífica, urgió al gobierno federal y al de Oaxaca a resolver un conflicto que ya se extendió a la capital de la República, con todas sus indeseables consecuencias, y ya hay una perceptible tentación en algunos sectores de la sociedad de emplear la fuerza pública para imponer el orden. Eso sería peligroso en extremo.

Todos los actores políticos deben privilegiar el diálogo y la negociación para resolver los conflictos y rechazar el uso de la violencia de ambas partes. No será mediante la agresión mutua como se podrán conciliar las diferencias. La tolerancia tiene aquí una prueba capital.

El trato con quienes sostienen posiciones diferentes y hasta radicales puede ser agotador, pero es necesario encauzar el diálogo con razones y acciones políticas.

Ha sido el uso inmediato de la violencia legítima del estado de Oaxaca la que empeoró el conflicto, que comenzó con una demanda salarial que regularmente se resuelve en negociaciones de menos de treinta días, y con una solicitud de rezonificación de los maestros de la sección 22, que significa un aumento salarial de 1,700 millones de pesos, de los cuales los gobiernos federal y estatal ofrecieron 117, menos del 10%.

La dureza oficial para negociar este punto disparó el conflicto con el sindicato hacia un problema mayor, donde intervinieron nuevos actores, con la exigencia adicional de que el gobernador Ulises Ruiz renuncie a su cargo.

El Senado eludió el problema que ahora, sin las negociaciones en Bucareli, queda nuevamente al garete.

El arreglo requiere negociaciones, pero quienes participan en éstas deben estar ciertos de que difícilmente van a ver satisfecha la totalidad de sus demandas. Algo tienen que ceder.

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Fox: ¿eficacia o represión?

por Ricardo Alemán
publicado el 21 de septiembre en El Universal

Todo está listo, en espera de la orden del Presidente. Pero esa orden no llega

V icente Fox es un mexicano profundamente católico, temeroso de Dios. Pero esos temores no son tan profundos como el miedo que le tiene al juicio de la historia. Se sabe dentro de la historia mexicana y hasta de un rasguño de la historia universal, al ser el presidente que desbancó del poder al viejo partido de la Revolución Mexicana, y aquel que acabó con el más antiguo monopolio del poder en la historia reciente.

Pero le tiene verdadero pánico -como si la historia de la democracia mexicana no lo fuera a recordar como el presidente que estuvo a punto de arruinar esa democracia- a ser recordado como un presidente represor, como el moderno Gustavo Díaz Ordaz, por ejemplo. A lo largo de su ya agonizante gobierno, solía decir a sus cercanos "nunca me verás dar esa orden", cuando alguien le proponía el uso de la fuerza pública para resolver conflictos como la protesta de los ejidatarios de San Salvador Atenco, que machete en mano impidieron la construcción del nuevo aeropuerto.

Y viene a cuento el tema porque en torno a la crisis política, social y de gobernabilidad en Oaxaca, desde hace semanas, están listos los operativos para que intervenga la fuerza pública federal; se tienen identificados los focos rojos, los incitadores; probados los delitos por los que serían encarcelados los presuntos responsables de la agitación, diseñada una operación quirúrgica. Todo está listo, en espera de la orden del Presidente. Pero esa orden no llega y, como están las cosas, es probable que no llegue. ¿Por qué? Porque Vicente Fox no quiere pasar a la historia como un presidente represor.

Y esa apreciación la confirmó el pasado martes en Nueva York, durante una entrevista con los editores del diario The Wall Street Journal, que le preguntaron sobre la ausencia de autoridad en Oaxaca. Dijo Fox: "Cuando alguien rompe el orden institucional, aunque sea con la toma de una calle o carretera, el uso de la fuerza es legítimo. Sin embargo, en la sociedad mexicana no existe la cultura política para aceptarlo. Por eso no se lleva a cabo". Pareciera una explicación sensata, responsable, digna de un demócrata con vuelos de estadista. Pero también puede ser vista como la respuesta de un gobernante timorato, temeroso a asumir sus responsabilidades, y a quien sólo le importa su imagen, las encuestas, pasar a la historia sin abollar la corona.

¿No está lista la sociedad mexicana para aceptar el legítimo uso de la fuerza pública? ¿De dónde saca esa aseveración? ¿No será que es él quien no está listo para entender el papel y la responsabilidad que asumió el 1 de diciembre de 2000 al protestar como presidente? Ahora resulta que un demócrata -si es que Fox lo fuera-, y una naciente democracia como la mexicana no están preparados para el ejercicio de la democracia. Porque, en efecto, nadie estaría de acuerdo con un gobierno represor, pero resulta que nadie le está pidiendo a Fox que se convierta en eso, sino que sea un presidente eficaz, capaz de salvaguardar la tranquilidad, la paz social, los bienes, las vidas de toda una comunidad que se ve amenazada por una porción de la misma sociedad que ha traspasado los cauces institucionales.

En una parte tiene razón el Presidente. Es previsible que si ordena el despliegue de la fuerza pública en el caso de Oaxaca -y sobre todo si esa fuerza pública actúa sin preparación, sin coordinación y en medio de excesos-, los titulares de los medios reportarán "¡Represión!", como ya ocurrió recientemente en el estado de México. Pero si la fuerza pública actúa en los márgenes de su responsabilidades, sin los excesos y abusos que suelen cometer, seguramente habrá quienes pretendan cobrar facturas al gobierno y al Presidente en esa acción, pero el grueso de la sociedad entenderá que, ante la intransigencia de los manifestantes -luego de prolongadas e infructuosas jornadas de diálogo-, no había otra salida más que ésa, la fuerza.

Un ejemplo lo dio el gobierno de Ernesto Zedillo, al recuperar las instalaciones de la UNAM, luego de la más prolongada huelga, sin más inconvenientes que los propios de una acción de justificada fuerza del Estado. Algunos grupos radicales gritaron que se había tratado de un acto represivo, pero olvidaron que el Estado moderno, democrático, tiene como una de sus facultades el del uso de la fuerza contra quienes rompen los márgenes de convivencia.

Pero lo más grave es que cuando Vicente Fox pareciera esconderse del "qué dirán", del juicio de la historia, lo único que hace es reconocer que él mismo, junto con una buena parte del sistema político, no se asumen como parte de una democracia que debe consolidarse precisamente a partir de la eficacia, respeto institucional y apego a la legalidad. Si Fox no quiere emplear la fuerza pública contra aquellos que, mediante la violencia pretenden cambiar el orden institucional -sean o no justas sus demandas-, lo único que consigue es estimular que sean la fuerza, la violencia, el chantaje, lo que valgan para resolver las controversias.

No se intervino en Oaxaca, para no contaminar la elección federal; luego, para no contaminar la crisis postelectoral. Y ahora porque "la sociedad no está preparada". ¿Y entonces qué? ¿Esperamos a que venga el Espíritu Santo? Al tiempo.

RICARDO ALEMÁN

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Intereses ocultos en el conflicto oaxaqueño

por Ubaldo Díaz
publicado el 21 de septiembre en La Crónica

Hace dos días, los integrantes del Colegio Nacional de Organizaciones Adherentes, que dirige Luis Figueroa, demandaban a las autoridades federales que dieran a conocer los intereses que se ocultan tras el conflicto magisterial en Oaxaca. Si les concedieron aumentos, si hay una serie de acuerdos laborales, ¿Qué impide llegar a un acuerdo para que miles de educandos puedan iniciar su ciclo lectivo?

Figueroa Solano denuncia que más de un millón de niños no concluyeron el ciclo escolar pasado, porque no tienen los conocimientos que les debieron ser impartidos, pero que por razones extraestudiantiles, no se logró.

Y ayer, al término de la reunión en la Secretaría de Gobernación, el dirigente de la sección 22 del SNTE, Enrique Rueda, pide la destitución de Ulises Ruiz, pero a través de una determinación política y no aplicando la vía legislativa, porque dice, que es un camino muy largo, o sea que en adelante será suficiente para que cualquier organización pida la destitución de cualquier funcionario, de cualquier nivel, para cortarle la cabeza.

Carlos Abascal, está decidido a que sea a través del Senado en donde se encuentre la solución jurídica, “nosotros le dijimos que se aplique la política, es decir que renuncie el gobernador”, que nos den una fecha para la renuncia de Ulises Ruiz. Al final no hubo ningún acuerdo, pero en las oficinas del Presidente Electo, Felipe Calderón esperan que este conflicto no lo hereden.

Por cierto. Que un grupo de diputados y senadores le pidieron una cita al gobernador de Oaxaca, para recibir informaciones directas sobre el problema, no tenían ninguna representación de las cámaras y por lo mismo, “no fueron atendidos”.

UBALDO DÍAZ

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Hay leña que arde

por Víctor Armando Cruz

“Un pensamiento angustiado por su falta de razón se vuelve dogmatismo”.
Luis Cardoza y Aragón

Hay leña que arde en la ciudad de Oaxaca. Al dar las once de la noche, a las luces profusas del alumbrado se unen otras luminarias: las de cientos de fogatas atizadas por el magisterio y la APPO en la mayoría de las colonias y barrios. Inquietante ha de resultar la contemplación de la ciudad nocturna desde el mirador del cerro del Fortín: el humo negro de las llantas destilándose en la negrura y difuminándose como un fanal de advertencia ante cualquier ciudadano neutral que, por alguna razón, atraviesa un punto de la ciudad a altas horas de la noche.

Para colocar barricadas se han elegido vías estratégicas, conexiones vitales a los cuatro puntos cardinales. Se apilan obstáculos con piedras, fierros viejos, bultos de arena y trozos de árboles derribados a machetazos. Las piras, constantemente alimentadas, alumbran hasta el alba los rostros de los vigías. Ante cualquier presunta amenaza estos centinelas lanzan cohetones para alertar a sus cofrades desperdigados en toda la ciudad. Es presumible que haya supervisores que, de zona en zona, verifiquen que todas las barricadas estén instaladas con puntualidad. El argumento es impedir el paso a los eventuales patrullajes de la policía o a las acciones de represión de la misma. Pero el tránsito parece estar vedado a todo aquel que no pertenezca al movimiento. Todos son enemigos en potencia. Hay interrogatorios, se exigen identificaciones. De ahí que uno u otro conductor imparcial no haya podido llegar a su casa debido a la obstrucción de las calles. Me pregunto qué sucederá cuando un padre de familia requiera, en la madrugada, un medicamento urgente porque su hijo se ha enfermado de manera intempestiva. ¿Logrará llegar a una farmacia? ¿Le cobrarán ciento cincuenta pesos para poder pasar la barricada? Y es poco probable, además, que en estas condiciones haya farmacias abiertas. Queda, entonces, prohibido enfermarse a deshoras.

Hablo de un movimiento social cuya sinceridad y argumentos de ninguna manera aminoran lo cuestionable de sus métodos, sobre todo cuando el directo perjudicado es el ciudadano común: el estudiante en primer término, el peatón convencional, el pequeño empresario, el artesano, etc. Pero también pienso en el taxista, el mesero, el músico, la cocinera, la afanadora, el barman, el parrillero, el panadero: trabajadores cuyas labores transcurren generalmente en los periodos nocturnos y cuyas economías han colapsado en una ciudad que se desmorona, ante el ahorcamiento que ha significado esta ya larga movilización de un sector de la sociedad oaxaqueña.

Todo aquel que pretenda asumir una actitud razonable frente a estos hechos no podrá apasionarse ante una u otra de las posturas que pugnan en este escenario político. El excesivo apasionamiento embota la mirada y deriva en las peores decisiones. Aunque es innegable que todo esto es una madeja de consecuencias. El gobierno de Ulises Ruiz debió meditar más hondamente sobre sus atribuciones y sobre las secuelas de sus actos. La aplicación de medidas extremas hacia los plantones desencadenó la catástrofe. Se le otorgaron los elementos idóneos al movimiento para que fermentara en una apabullante radicalización.

No puedo dejar aquí de hacer un paréntesis: ha sido rápida y categórica la forma en que la APPO y el magisterio revierten los señalamientos de la Procuraduría de Justicia del Estado en el sentido de conferirle al movimiento un carácter de guerrilla urbana: hay infinidad de carteles que pueblan los muros y postes de la ciudad. Es inédita, irreverente o sutil, la imagen de Benito Juárez portando una boina de guerrillero.

Por otro lado, es indignante el enriquecimiento desmedido de algunos ex gobernantes; patética su ambición por mantenerse entre los hilos del poder para encubrir sus depredaciones. El cansancio y el hartazgo de una sociedad defraudada requieren de una mínima mecha para trastocarse en llama beligerante y arrasadora.

Es claro que nadie resucitará a los caídos de este movimiento, ni nadie atenuará el dolor de estas muertes, pero también es clara la pregunta: ¿quién resarcirá, por poner sólo dos ejemplos, a la clínica Santa María —que no la debía— los innumerables daños a su infraestructura, las vejaciones físicas y morales a sus propietarios, médicos y pacientes por parte de la APPO y el magisterio cuando en sus proximidades, durante un marcha, fue muerto un manifestante por presuntos francotiradores. Quién subsanará la atrofiada economía de los miles de oaxaqueños afectados por los más de tres meses de estas acciones? Es probable que el magisterio obtenga en los plazos pertinentes su rezonificación, pero insisto, ¿habrá alguien que devuelva a los sectores de la población no involucrados en el movimiento, pero afectados por el mismo, todo lo perdido en este lapso de disputas?

Si eventualmente Ulises Ruiz dimite ante el empuje del magisterio y la APPO, y si la tan referida rezonificación deviene en un hecho palpable y feliz para el gremio de profesores, entonces los padres de familia, la comunidad entera tendremos argumentos más que suficientes para exigir con firmeza que los gobiernos federal y estatal, junto al magisterio oaxaqueño, después de haber puesto de cabeza a esta entidad —todos en su ambigua obstinación—, contribuyan honesta, digna e íntegramente a sacar a Oaxaca del lamentable último sitio que, en el rubro educativo, ocupa a nivel nacional. Sin olvidar que también tendremos el derecho de demandarles que se disculpen ante el pueblo oaxaqueño por todo este tiempo de zozobra, inseguridad pública y escarnios en todos los órdenes.

Hay leña que arde, y a la noche negra se une el humo también negro de las llantas y hogueras donde se queman las esperanzas de padres y madres en franco desastre económico. Hay quienes exigimos nos sean devueltos los elementos sociales necesarios para aportar nuestras capacidades productivas a Oaxaca, se lo decimos por igual a todos los actores del conflicto. Hay quienes queremos una reconciliación con nuestra ciudad, una nueva oportunidad para poder caminar serenamente los sitios que significan algo para cada quien, sin la abrumadora inquietud de verse asediado por la intransigencia de un camión atravesado o una barricada nocturna. Hay quienes queremos abrirnos al optimismo, a la concordia y rozar las amables nervaduras de la certidumbre. ¡YA!

Oaxaca de Juárez, a 9 de septiembre de 2006

VÍCTOR ARMANDO CRUZ

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Estado de sitio

por Raymundo Riva Palacio
publicado el 15 de septiembre en El Universal

Retenes, toque de queda, pago por cruzar barricadas, amenazas, desorden, caos. ¿En dónde está la paz presidencial?

Oaxaca sigue siendo la principal herida por la que sangra México. Las fuerzas políticas enfrentadas desde hace casi cuatro meses no han podido resolver ni las demandas salariales de los maestros que se encuentran en el origen del conflicto, ni las reivindicaciones sociales que devinieron como consecuencia. En el centro de todo se encuentra la población de la capital oaxaqueña, abandonada a su suerte por el gobierno federal, por el gobierno estatal, por el Senado y por todos. Qué más da. La gente, como ha sido siempre para los políticos en este país, es lo que menos importa.

Su indefensión tendría que ser motivo de indignación nacional y de reclamo crecientemente beligerante, por la inacción de las instituciones de poder. No hicieron nada en su momento, salvo alimentar colectivamente un conflicto y cuando la pradera seca ardió, se fueron con sus extinguidores. Hoy, los habitantes de la capital de Oaxaca viven en permanente estado de sitio, en el epicentro de la ingobernabilidad nacional, el ejemplo más vergonzoso del desastre de nuestras autoridades.

A lo largo de varias semanas, pobladores de la capital oaxaqueña han venido narrando sus avatares cotidianos a través de correos electrónicos que hacen la crónica de un desastre institucional y una claudicación de los gobiernos a ejercer la función por la que fueron creados: proveer la seguridad de sus habitantes. En Oaxaca ya no hay buenos y malos. Hoy, todos fueron malos, tanto las autoridades como los miembros de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO). Unos botones de muestra:

* "Vivo en la colonia (se omite el nombre), detrás de una de las estaciones de radio que tiene tomada (la APPO) y a partir de las 8 de la noche ya no puedo salir de mi casa. Hace tres meses que no tengo trabajo y mis créditos están llegando al límite. La situación es terriblemente frustrante."

* "Desde las clases acomodadas, pasando por las medias y hasta las bajas, estamos hasta la madre (disculpa). Hasta los maestros y los trabajadores administrativos del magisterio son obligados a estar en los plantones con amenaza de que si no se presentan o bien pagan 500 pesos mensuales, serán reubicados en las zonas más inhóspitas de la Sierra."

* "Un profesor me dijo que ya quieren regresar a clases, pero los de la APPO los tienen amenazados y son ellos mismos quienes les disparan."

* "Y súmale a los grupos radicales que en primer lugar ni son de aquí y que tienen secuestrada la ciudad. Estos grupos están formados por gente que viene de otros estados. Hay jóvenes ´muy estimulados´ que bromean afuera de mi casa de hacer unas ´pinches bombas Molotov pa´ver qué hacen estos pendejos.´"

* "Todos los de la APPO están armados. Tienen radios de comunicación. Corren por las calles dentro de sus barricadas y disparan al aire para asustar a la población. A mi casa la han cercado con barricadas y nadie entra. Si queremos entrar nos cobran 100 pesos."

* "Cuando los APPO tomaron el canal local de Oaxaca, pusieron de barricadas autobuses urbanos. De uno de ellos fui bajado a punta de machete por los APPO, en compañía de mis hijos menores. No sabe qué rabia por no poder hacer nada. Cercaron el canal con autobuses en siete cuadras a la redonda. Había vigías toda la noche. ¿Cómo se explica que un comando armado haya llegado en seis camionetas y disparando a matar y sólo haya herido a una persona en la pierna?"

* "Hace unos días mandaron golpear a un primo de Jorge Franco (quien es lugarteniente del gobernador Ulises Ruiz) porque trabaja con Gabino Cué (ex candidato al gobierno de Oaxaca). Tiene los huesos rotos. Sé que Franco tiene a mucha gente de México, de la CTM".

* "El caso de Oaxaca es un problema eminentemente político del grupo del verdadero dueño del (periódico) Noticias, Jesús Martínez Álvarez (dirigente de Convergencia), de Ericel Gómez Nucamendi (director del diario), senador suplente del PRD, de Gabino Cué (otro López Obrador obsesionado), de Diódoro Carrasco (el represor más grande de Oaxaca contra Los Loxichas), de Alberto Esteva Salinas (secretario particular de Martínez Álvarez y que destruyeron la Ruta 100 durante la jefatura de Manuel Camacho Solís). Este grupo le juró a Ruiz que no lo iban a dejar gobernar."

* "Es una asquerosidad lo que están haciendo los políticos."

* "Pensar en una pronta solución se ha convertido en un acto de fe. Estamos abandonados por Dios y por el gobierno federal. Parece que no le importamos a nadie y ahora todo indica que quieren darle largas. ¡Oaxaca no va a llegar hasta diciembre!"

Oaxaca sí llegará. Lo que no está claro es cómo o cuántas instituciones y organizaciones llegarán enteras, en términos de legitimidad y eficiencia, a diciembre. Hasta ahora han sido una negación de sí mismas al contribuir con el clima de desorden, entendiendo el orden como la predictibilidad de la conducta humana sobre la base de expectativas comunes y estables, que no es lo que predomina hoy en día en la capital. Todos los patrones de interacción se han interrumpido. Hay toque de queda en un estado de emergencia no declarado por la autoridad sino por la APPO, que realiza funciones de gobierno como vigilancia y cobro de impuestos, y que al exigir pago de tránsito impiden la libertad de movimiento.

La seguridad ya no es un valor ni una garantía para los residentes de la capital de Oaxaca, quienes a través de sus correos electrónicos muestran ese comportamiento colectivo que conduce a la ruptura social y al colapso del orden. Lo increíble no es que Oaxaca capital se encuentre así, sino cómo llegó a este punto. La irresponsabilidad colectiva de las autoridades es la única respuesta. Por lo mismo, su solución es más compleja y será más costosa. En Oaxaca se desafían todas las teorías de los pensadores sobre el orden social. No vale la del consenso de normas y valores de Durkheim y Parsons, ni la de Marx que da prioridad al interés económico, ni la visión sobre el uso de la fuerza de Hobbes y Maquiavelo. Oaxaca no necesita una más de las inútiles mesas de negociación a las que convoca Gobernación. Requiere imaginación y creatividad.

Lo primero es sensibilizar a la Secretaría de Hacienda para resolver el problema original de la retabulación salarial de los maestros, junto con la identificación de todos los grupos involucrados para dialogar en forma separada pero intensa y dar respuesta a sus reivindicaciones. Hasta después vendrá la cabeza de Ruiz, foco de todo el conflicto. Si bien es cierto que para ello se requiere oficio político, ausente en el gobierno foxista, esos son los pasos a seguir. Sólo se necesita quién ejecute el plan y garantice respeto a los acuerdos. Claro, de todo, encontrar ese alguien es lo verdaderamente difícil.

RAYMUNDO RIVA PALACIO

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