Avispero oaxaqueño

por José Antonio Crespo
publicado el 29 de septiembre en Excélsior

El gobierno federal ha anunciado con bombo y platillos que el grave conflicto oaxaqueño no lo heredará al nuevo gobierno de Felipe Calderón. Por lo cual va a ser cabalmente resuelto antes del 30 de noviembre. ¿De verdad así será? Es de dudarse, aunque sea porque casi todo lo que ha anunciado el gobierno con tanta convicción termina por no salir bien. Así ocurrió con el conflicto chiapaneco en 2001, la construcción del aeropuerto internacional en 2002, la reforma fiscal de 2001 y 2003, el desafuero de Andrés López Obrador en 2005 y el desconocimiento de Napoleón Gómez Urrutia en 2006. En ésos y otros casos las cosas salieron al revés de como las anunció el gobierno. El conflicto oaxaqueño ha puesto al presidente Fox entre la espada y la pared. Dada la cerrazón y el creciente radicalismo de la Asociación Popular de Pueblos de Oaxaca, parece haber sólo dos opciones básicas, ambas bastante onerosas para el gobierno y sus aliados: o permitir que caiga Ulises Ruiz, ante la evidente dilución del gobierno oaxaqueño, o recurrir a la fuerza pública para meter en orden a los manifestantes. El panorama es harto complicado por las siguientes razones:

1) El fracaso en obtener un consenso electoral sobre quién realmente ganó y quién perdió se ha traducido en una mayor fragilidad institucional que se superpone a otros conflictos, como claramente ocurre en el caso Oaxaca. Así, el PRI se ha convertido en un fiel de la balanza en la legitimación y consolidación del triunfo de Calderón, por lo que la capacidad de influencia y chantaje del tricolor es enorme. Y, para variar, ha decidido proteger a sus miembros distinguidos, hagan lo que hagan, por lo cual exige la connivencia del gobierno entrante y saliente para preservar su tradicional impunidad. Los gobiernos del PAN han quedado como rehenes políticos del PRI. De promover el gobierno y el PAN la caída de Ruiz tendrían que enfrentar la ira tricolor, que podría poner en graves aprietos a Calderón.

2) Viene el asunto del no sentar un mal precedente. Un gobierno constitucional que cede ante una movilización extrainstitucional pondría en peligro otros gobiernos legalmente constituidos, tanto en el resto de las entidades como el federal. Las cosas no se verían así de haberse logrado un consenso electoral sobre un ganador indiscutible en la sucesión presidencial y que el ganador tuviera plena legitimidad, pues la eventual caída de Ruiz no implicaría el riesgo de que lo propio ocurriera con Calderón. Al sostener al gobernador se pretende resguardar la gobernabilidad futura. Pero desde una óptica democrática puede plantearse igualmente que el hecho de que un gobernante ascienda al poder por vías legales no supone, ni debe suponer, que se mantendrá en el cargo, pese a incurrir en actos autoritarios, represivos o ilegales, como muchos insisten que ha sucedido en el caso de Ruiz. Y es que la democracia debe permitir la remoción por vía legal e institucional de un gobernante abusivo, pues en ello radica la rendición de cuentas, esencia del ejercicio democrático del poder. Las figuras constitucionales de “desaparición de poderes” y de “juicio político” prevén justo esa posibilidad. Si eventualmente se decide la salida de Ruiz como la opción menos mala, podría ser cubierta con cabal legalidad (probablemente bajo la desaparición de poderes).

3) Si en cambio se decide recurrir a la fuerza pública, la cual según acordó Fox con varios gobernadores del PRI, “ni se anticipa ni se descarta”, las cosas pueden complicarse igualmente. Por un lado, el propio Fox se encargó de propagar, tras lo de San Salvador Atenco, que ese tipo de decisiones eran autoritarias y por eso no había recurrido a ello frente a los macheteros levantados, en tanto que Santiago Creel signaba la doctrina de que la fuerza pública sólo debe aplicarse a los grupos que violan la ley cuando sus demandas no sean legítimas, aunque no especificó quién determina la legitimidad en cada caso. Ahora, desde el Senado, Creel asume exactamente la posición contraria. Fox recientemente afirmó en Nueva York que el uso de la fuerza es mal visto por los mexicanos. En efecto, por razones históricas en México se malcomprende que la gobernabilidad democrática exige el legítimo uso de la fuerza pública ante grupos que violentan la ley, sean sus demandas legítimas o no. La Encuesta de Cultura Política, levantada por Gobernación, señalaba en 2001 que 66% de la muestra se mostraba en total desacuerdo con el uso de la fuerza pública para resolver conflictos políticos. Cuando se aclaraba a los encuestados que ello sería para evitar que terceros resultaran afectados, ya sólo 55% manifestó su desacuerdo. Pero seguía siendo más de la mitad, frente a sólo una cuarta parte que aprobaba, en tales condiciones, el uso de la fuerza pública. Y por ello se ha pensado que, en caso de recurrir a ese expediente, sea el gobierno de Fox y no el de Calderón el que asuma ese costo político.

4) El problema radica en que este gobierno no ha podido encontrar el justo medio entre renunciar a la fuerza pública (Atenco I), hacerlo de manera ineficaz (Ciudad Lázaro Cárdenas) o utilizarla con lujo de violencia y flagrante violación a los derechos humanos (Atenco II). El uso de la fuerza pública para “solucionar” el conflicto oaxaqueño podría resultar un fiasco, de no ser eficaz. O puede exacerbarlo, en lugar de resolverlo, si se derrama sangre y se practican nuevas violaciones a los derechos humanos. En cuyo caso, en lugar de “despejarle el terreno” al gobierno de Calderón, Fox podría dejarle como legado un campo minado, un avispero recién atizado. Habrá que ver qué decide finalmente el evasivo y poco diestro gobierno federal.

JOSÉ ANTONIO CRESPO