Oaxaca: la provocación como coartada
publicado el 27 de noviembre en Excélsior
El jueves, el gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz, anunció que el largo conflicto en la entidad, que cumplía ese día seis meses, "había concluido", una declaración por lo menos extraña si veíamos lo que estaba sucediendo ese mismo día en el estado. Al día siguiente, el secretario de Gobernación, Carlos Abascal, aseguró que el conflicto no concluiría hasta que no se hicieran las reformas estructurales, políticas y sociales que el estado requería, pero negó que la administración de Fox le heredara el conflicto oaxaqueño al gobierno de Felipe Calderón, otra declaración por lo menos extraña, ya que, en cinco días, era, es, por lo menos difícil, concebir alguna reforma de fondo de las muchas que requiere Oaxaca.
El mismo viernes, cuando la APPO confirmó que bloquearía a la PFP en el Zócalo capitalino, sabíamos que estábamos ante una provocación, al tiempo que crecía el rumor en los principales círculos políticos de que buena parte de los dirigentes de la APPO, como el inefable Flavio Sosa, habían llegado a un "acuerdo privado" con el gobierno local. La acción del sábado se mantendría como la excusa que facilitaría la acción de las autoridades. Incluso en un gesto que fue, una vez más, difícil de entender, se ordenó, el mismo viernes, el retiro de 800 elementos de las fuerzas federales de apoyo alistadas en la entidad. Un retiro ordenado por su máximo jefe.
El sábado sucedió lo que tenía que suceder: la marcha se convirtió en una provocación descarada, realizada por los sectores más duros (y más manipulables) de la APPO. Y sus principales dirigentes, incluidos los de la oposición partidaria en el estado y los más relacionados con el EPR, con fuerte presencia en la dirigencia de la Sección 22, decidieron comenzar a poner distancia: se quedaron al frente de la marcha los sectores más radicales, los ligados con el ex CGH y otros grupos afines que son parte, en el complejo organigrama de la izquierda ultra, con la llamada coordinadora revolucionaria que fue la responsable de los bombazos detonados hace tres semanas en la Ciudad de México, mismos que pusieron de manifiesto el cisma, añejo, existente entre esos grupos armados.
La provocación se cumplió puntualmente: se agredió durante horas a la PFP con piedras y bombas molotov hasta que ésta respondió siguiente órdenes de sus mandos y esta vez no usaron resorteras, sino gases lacrimógenos y vehículos antimotines, que dispersaron rápidamente a los manifestantes, los obligaron a replegarse a la plaza de Santo Domingo, donde desconocieron a buena parte de sus dirigentes y terminaron, en una suerte de suicidio político, incendiando su campamento y varios vehículos, hoteles y negocios. Al momento de escribir estas líneas, extraoficialmente se dice que hay unos 200 detenidos y se ha hablado de unos tres muertos, como consecuencia de los enfrentamientos. El domingo en la mañana, mientras trabajadores del estado limpiaban lo que podían del desastre que ha quedado en el centro histórico, Ulises Ruiz se paseó por las calles del mismo por primera vez en seis meses. Para el gobernador, una vez más, el conflicto está solucionado.
No es verdad. Ruiz sigue en el poder porque las fuerzas de la PFP se enfrentaron a los manifestantes de la APPO asumiendo costos y con un despliegue que nada tiene que ver con el gobierno estatal. Sin la PFP hace mucho que Ruiz sería una suerte de Somoza peregrinando por otros rumbos. Y todos sabemos que las bayonetas pueden servir para muchas cosas menos para sentarse sobre ellas. Pero eso es lo que aparentemente quiere hacer el gobernador. No ha habido, en las últimas horas, ni llamados al diálogo ni gestos políticos ni anuncios de apertura alguna en lo político, en la justicia y en la transparencia del manejo de los recursos. Hoy la Federación pone 98% del presupuesto de Oaxaca, sigue sin poder auditarlo eficientemente y asume los costos de la utilización de la fuerza, mientras el gobierno estatal gasta como quiere los recursos y recorre las calles como si hubiera ganado una batalla en la cual su participación se limitó a esperar que el desenlace lo definieran los otros. Es verdad, llegó a los "acuerdos privados" a los que hemos hecho mención, pero, ¿alguien cree que eso garantizará la gobernabilidad y la tranquilidad del estado? El escenario futuro, sin cambios profundos, será de ingobernabilidad y explosiones de violencia, incluidas acciones armadas.
En Oaxaca, aún tenemos mucho por ver. Le queda al gobierno de Calderón buscar algo más que una mera solución coyuntural que le demuestre, además, a quienes creen haber ganado la guerra, aunque apenas se trató de una batalla, que sin reformas de fondo, el estado terminará abrumado por la ingobernabilidad cotidiana. El secreto, como hemos dicho muchas veces en el contexto de esta crisis, pasa por los recursos públicos, su utilización y las auditorías para saber cómo se han usado antes. Allí está el instrumento de presión y transformación, tanto ante el gobierno estatal como frente a la mayoría de los grupos que integran la APPO.
Gabinete, próxima llamada
No será hoy sino mañana cuando se anuncie el llamado gabinete de gobernabilidad. Sobre todo en el área de seguridad deben terminarse de tomar algunas decisiones clave para el futuro inmediato. Lo sabe el presidente Calderón porque es consciente de que los intentos desestabilizadores que deberá enfrentar su gobierno son políticos, pero estarán disfrazados de conflictos de seguridad. Hoy, los principales grupos del narcotráfico, sobre todo los Zetas, están redoblando la apuesta política que hicieron en las elecciones y buscan, claramente, la desestabilización. Están en su propia resistencia civil. El presidente Calderón deberá saber que quienes vayan a ocupar esas posiciones se la jugarán con él, porque allí estarán los mayores embates. Ahí no se puede improvisar.
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ

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