Oaxaca: ¿narcoguerrilla?

por Ricardo Alemán
publicado el 27 de noviembre en El Universal

Resulta una obviedad señalar que el conflicto de Oaxaca está totalmente fuera de control. Por eso, porque al parecer no existe autoridad alguna capaz de hacer frente a la rebelión, no es ocioso formular la misma pregunta de hace seis meses: ¿qué manos mecen la cuna de ese gelatinoso problema?

Para el presidente Fox y para su secretario de Gobernación, Carlos Abascal, el enfrentamiento del pasado sábado entre la PFP y la APPO, que dejó los mayores daños materiales, y mostró un nuevo y peligroso perfil de lo que queda de la Asamblea Popular, ya no ameritó una reunión urgente del "siempre eficaz" gabinete de seguridad. Y no fue necesario, porque Vicente Fox departía en el rancho San Cristóbal con sus colaboradores, en una "memorable despedida". Total, a quién le importa que las llamas consumieran inmuebles históricos, miles de documentos oficiales, empresas privadas y automóviles de particulares. Peccata minuta.

El gobierno federal y el inútil gobierno estatal no saben o no le quieren decir a los ciudadanos qué manos mueven ese conflicto, que por lo menos en la mesa, frente a los líderes del magisterio y de la APPO, había sido negociado hasta hace poco más de una semana. Y si ya no están los maestros de la sección 22 en esa protesta, si una buena parte de las organizaciones que integran la APPO ya recibió promesas de que habría "borrón y cuenta nueva", ¿quién, entonces, sigue agitando las aguas, hasta niveles de verdadera guerra civil?

Los liderazgos que hace seis meses aparecieron como generadores de la protesta y luego creadores de la APPO -los señores Enrique Rueda y Flavio Sosa, entre otros-, ya no tienen control alguno en el conflicto porque su demanda de origen, que era de dinero, ya fue garantizada con creces. Menos lo tienen los grupos políticos, del PRI o de la oposición, quienes desde hace meses se enfrascaron en una cruenta venganza política que al final reportó pérdidas para todos; la quiebra económica, educativa, social y política de Oaxaca. Si el magisterio y la APPO ya no tienen control, si los grupos políticos locales tampoco lo tienen, y si el gobierno federal se niega a reconocer que detrás del conflicto existe la mano de grupos como el EPR, ¿entonces quién diablos agita las turbias aguas oaxaqueñas?

Y por supuesto que no faltarán las voces interesadas que dirán que se trata de una expresión social del pueblo organizado que está harto del gobierno del señor Ulises Ruiz, y que decidió salir a la calle para hacer justicia por propia mano; que financia con sus raquíticos ingresos el precario arsenal para la lucha; voces que exaltan el carácter represor del gobierno foxista. Lo mismo dijeron cuando el 23 de noviembre de 2004, en San Juan Ixtayopan, Tláhuac, una turba secuestró, torturó y quemó a tres policías de la PFP. "Es el pueblo cansado de tantos abusos", dijeron, y dos años después debió salir a los medios (al programa televisivo Código 2006) el señor Joel Ortega, secretario de Seguridad Pública del DF, para advertir que ya era tiempo de que el gobierno federal reconociera que en ese crimen participó el EPR, grupo también con presencia en Oaxaca.

En efecto, se puede acusar a los gobiernos federal y local de Oaxaca de todas las torpezas posibles; de dejar que el conflicto se "pudriera", de ser incapaces para manejarlo por las vías políticas, de lanzar fuego a la hoguera; pero también se tendrá que reconocer que los reclamos legítimos "del pueblo" no se expresan con la violencia mostrada en los seis meses recientes, y como lo hizo el pasado sábado un grupo de presuntos appistas, lanzados a la calle a causar los mayores destrozos posibles y en oficinas públicas bien identificadas. ¿Quién, entonces, está detrás? ¿A quién obedecen los que al amparo del anonimato y la anarquía ya no responden a líderes de la APPO, hoy calificados como traidores?

Existe una veta poco explorada en el terreno mediático, pero que en los días recientes parece tener nombre y rostro. Resulta que al decantarse el conflicto, cuando la dirigencia magisterial y de la APPO llegaron a un acuerdo político-económico para poner fin a las protestas, quedaron expuestos los grupos más radicales y violentos que se escudaban en la APPO; una nata social nutrida de bandas juveniles salidas de las regiones marginales de la capital oaxaqueña, que lo mismo responden a grupos de narcomenudistas que a sectores vinculados a presuntos guerrilleros. Para nadie debía ser una novedad la asociación causal narco y guerrilla, que también estuvo presente en las ejecuciones de Tláhuac.

Las crónicas recogidas por una buena parte de los enviados o corresponsales de la prensa nacional dejan ver, con claridad, el perfil de quienes repentinamente se convirtieron en feroces combatientes de primera línea en la lucha contra la PFP y para la destrucción de oficinas públicas. Todo esto a unos cuantos días de que la PFP lanzó una batida contra las narcotiendas de Oaxaca, entidad en la que, por supuesto, también operan poderosos cárteles de la droga. ¿Quién financia la nada barata rebelión en Oaxaca? Quien tiene dinero. ¿Y quién lo tiene? Al tiempo.

RICARDO ALEMÁN