Legalidad absoluta

por Guillermo Ortega
publicado el 7 de diciembre en La Crónica

Conceptos torcidos
A lo largo de los últimos años —no decimos seis porque en realidad son algunos más— se relajó en nuestro país la aplicación puntual de la ley. Poco a poco las ciudades, la ciudad de México de manera especial, fueron dejándose abandonadas a manos de la delincuencia. No sólo proliferaron los delitos comunes, como el robo, el asalto o el secuestro, temible incluso en su forma conocida como exprés, sino también otro tipo de delitos: los que atentan contra el funcionamiento de las actividades productivas de sus pobladores. Si bien los plantones, manifestaciones, mítines y demás formas de protesta no afectan a las personas directamente en sus bienes, como lo hacen los crímenes que mencionamos antes, si les causan graves daños no sólo patrimoniales al reducir y anular su productividad, sino también a su salud. Durante este tiempo, los grupos radicales opuestos al gobierno en general, o a algunas de sus políticas en particular, han cambiado los conceptos, torciéndolos hacia su postura, lucrando con la confusión resultante. De manera que lo que, por ejemplo, antes era atentar contra las vías generales de comunicación o la comisión de actos vandálicos en contra de los ciudadanos, se justificó de un día para otro con la bandera de la libertad de estos grupos de extremistas para expresarse. Los derechos humanos de la mayoría quedaron marginados por la rentabilidad política de ostentarse como un demócrata que dialoga, aunque el diálogo sea alargado artificial e interminablemente por los dirigentes radicales, para mantener el caos y la presión, y obtener así lo que pretenden. Ese es el juego que ha privado hasta ahora, y que, aparentemente, ha comenzado a cambiar.

Beneficiarios
Ante los acontecimientos recientes que podrían ser el inicio de un gobierno si no de tolerancia cero, sí, por lo menos, poco proclive a poner la ley sobre la mesa de la negociación, llaman la atención las voces que se alzan para reclamar por el aparente regreso de la vigencia del estado de Derecho. Al buscar a quienes critican las acciones del gobierno, nos encontramos nuevamente con aquellos que han sido durante años los beneficiarios del vacío de autoridad y la no aplicación de la ley. No pueden, de ninguna manera, aceptarse como ciertas las aseveraciones de los líderes de la APPO detenidos por el caso Oaxaca, que niegan ser quienes todos vimos que son: los que instigaron a una turba compuesta por golpeadores profesionales e ingenuos que creen en la pureza de intenciones de la APPO, para que cometieran toda clase de crímenes en contra de nuestros conciudadanos oaxaqueños y sus patrimonios. Tampoco debemos aceptar las declaraciones de perredistas que aseguran que Flavio Sosa y sus cómplices presos son blancas palomas, como lo han hecho el vocero perredista Gerardo Fernández Noroña —de quien no es raro ya que lo que hace es defender a sus iguales—, así como otros políticos de ese partido como el senador Ricardo Monreal de quien, francamente, no nos explicamos su actitud. Lamentamos también las declaraciones de algunos otros analistas y luchadores sociales considerados serios, que se refieren a la ejecución de las órdenes de aprehensión como represión de la policía federal, cuando la realidad es que las autoridades se tardaron en hacerlo, como los exigía la enorme mayoría de los mexicanos.

Convivencia civilizada
Es cierto que no deben tolerarse los abusos de gobiernos y autoridades. Esto es cada vez más difícil que suceda a partir de que fueron imponiéndose, mediante legislaciones adecuadas, mecanismos de transparencia y control. Sin embargo, también lo es que, menos aun, debemos tolerar los abusos y arbitrariedades que cometen los grupos de extremistas contra los ciudadanos comunes, violando completamente la ley. No es posible que se tomen en serio las exigencias de algunas organizaciones, aparentemente serias, para que sea el gobierno el primero que deje al margen la ley, como parte de una negociación política. Desde aquí hemos señalado, una y otra vez, que el vacío de autoridad que privaba y lesionaba a los ciudadanos de bien, terminaría siendo perjudicial para el desarrollo de la democracia. Aplaudimos las acciones del nuevo gobierno que vayan encaminadas a restablecer la absoluta vigencia del Estado de Derecho, como garante de la convivencia civilizada entre los mexicanos.

GUILLERMO ORTEGA