Cinismo en el caso Oaxaca

por Otto Granados Roldán
publicado el 12 de octubre en La Crónica

Por más que las opiniones políticamente correctas insistan en buscar por el lado emocional las justificaciones a los problemas estructurales de Oaxaca —uno de los cuáles es ciertamente su pobreza crónica— suele dejarse de lado que también se trata de uno de los estados más improductivos e ineficientes, y que en la combinación perversa de estas variables radica, en buena medida, la explicación del conflicto que durante los últimos cinco meses ha asolado la capital estatal y por lo visto, lo que es peor, está llevando a los poderes federales a resolverlo con los peores hábitos e instrumentos de la política mexicana.

Recordemos los orígenes de la cuestión. Como cada año, la sección sindical magisterial de Oaxaca inició sus movilizaciones para exigir al gobierno local aumentos salariales adicionales a los concedidos por las secretarías de Hacienda y Educación. En esta ocasión, el incendio fue debidamente atizado por la presidenta del SNTE, Elba Esther Gordillo, a fin de contribuir a desestabilizar al gobernador Ulises Ruiz, y la cerilla cayó en la tierra yerma de la disolvencia institucional que ha vivido Oaxaca por décadas y que incluye el prolongado activismo de pillos y simuladores —desde el aterrador Felipe Martínez Soriano y su estafa llamada Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, hasta el impresentable dirigente de la banda conocida como APPO—, todos ellos, de una u otra forma, auspiciados, alentados, financiados o tolerados por las autoridades estatales.

La combinación de esos ingredientes dio por resultado que el movimiento rebasara todo límite institucional y político para solucionarlo, y que ahora la evaporación del mandatario estatal, el miedo del gobierno federal y el oportunismo de algunos partidos y legisladores concurran en las peores alternativas: tirar al gobernador, desaparecer los poderes o entregarle de facto el control del estado, con el disfraz de un “pacto”, a una pandilla de delincuentes a los cuáles, por lo pronto, la secretaría de Gobernación les ha extendido ya carta de naturalización política. En síntesis: en lugar de haber aplicado oportunamente la ley, los poderes públicos ahora optan, cínicamente, por la misma vía que utilizaron reiteradamente los gobiernos priistas para planchar las crisis estatales. De ocurrir cualquiera de esas hipótesis, sería una lesión de la mayor gravedad al ya maltrecho estado de derecho y a la vida institucional en México.

Veamos las cosas en una perspectiva más amplia.
Para el romanticismo mediático y político, Oaxaca simboliza algo así como el florero moral de gobiernos y partidos desde hace muchos años. No hay sexenio que no ponga al estado en la máxima prioridad del gasto social, los gobernantes lo visitan una y otra vez, los intelectuales se fascinan con el colorido local, los medios reportan las gestas heroicas domésticas para impedir los negocios del imperialismo yanqui, y, desde luego, los recursos públicos federales han fluido con largueza todo este tiempo. De este derroche de lágrimas, sentimentalismo y dinero, muchos vivales se han aprovechado alegremente. Véase el caso de los maestros de la sección 22 del SNTE: a pesar de que la educación que imparten a los oaxaqueños es la de peor calidad en la república y obtiene por ello los resultados nacionales más bajos, son de los mejor pagados: perciben 478 días anuales de sueldo, un salario por encima del que ganan los docentes de otros 16 estados que muestran mejores rendimientos escolares.

Esta es una parte del lado oscuro de la luna pero hay más: Oaxaca no solo es un estado con trágicos indicadores de pobreza crónica, sino que los oaxaqueños han hecho muy poco para ser un estado productivo y eficiente. En el último informe del Instituto Mexicano de Competitividad y el ITESM (septiembre 2006), Oaxaca aparece en el penúltimo lugar en la competitividad general; en la eficacia de sus gobiernos en el 28, en dinamismo económico en el 29, en potencial económico en el 30, en sectores con potencial en el 30, y en relaciones con el exterior en el 32, entre otros hallazgos. Pues bien, con tales resultados ¿cuál es la legitimidad política y la autoridad moral con que los actuales protagonistas oaxaqueños del conflicto pueden reclamar alguna cosa, sea la caída del gobernador o cualquier otra, si en buena medida son los principales autores del desastre histórico de ese estado? O bien ¿con qué argumentos convincentes y jurídicamente fundados puede el gobierno federal o miembros del Senado estar orquestando una “salida política” que no es otra que liquidar cualquier residuo de institucionalidad que le quede a esta entidad? Objetivamente, con ninguno.

El segundo daño de consideración es que, al parecer, los escenarios contemplados por legisladores y autoridades para afrontar la crisis oaxaqueña profundizan una de las taras congénitas de la vida mexicana desde el siglo XIX: la paladina costumbre de torcer o negociar la ley. El procedimiento es simple: basta que un grupo de ciudadanos situados en la ilegalidad —llámese APPO, contrabandistas de autos, deudores de bancos, ambulantes, evasores fiscales, agrupaciones de braseros y un largo etcétera— le plante cara callejera al gobierno para que éste les extienda acta de nacimiento, les otorgue reconocimiento y, con ello, los convierta en “actores políticos”, bautizados así no porque han subsanado la falta o acudido a los tribunales en busca de justicia, sino por el mero hecho de situar en la ilegalidad el fundamento de su entidad institucional. Proceder en esa misma costumbre en el caso Oaxaca minaría la lenta y difícil construcción democrática del país para perseverar en los malos modos del autoritarismo.
En tercer término, si se estabiliza Oaxaca por el camino extralegal —ese al que perversamente llaman “político”— el daño es doble: por un lado, para el desarrollo mismo del estado y, por otro, porque podría extrapolar una forma indebida de actuar en el escenario público a otros grupos variados y contradictorios y, con ello, abrirle un tremendo agujero a los márgenes de gobernabilidad del gobierno entrante.

Pongamos las cosas de la siguiente forma.
Para que los habitantes de Oaxaca mejoren su calidad de vida es indispensable que haya crecimiento: si el ingreso per cápita del estado crece a una muy improbable tasa de 10% anual tardaría unos 50 años en alcanzar el ingreso personal de Nuevo León o 30 años el de Aguascalientes, asumiendo que éstos mantuvieran sin cambio sus niveles actuales. Y para que haya crecimiento la evidencia disponible ha probado que la primera condición es que exista seguridad, estabilidad y confianza, o sea: estado de derecho. ¿Alguien se imagina quién se atrevería a invertir, generar empleos, impulsar la productividad y detonar la competitividad en un estado en el que los actores políticos locales, el gobierno federal y los legisladores no encuentran otra salida más que torcer la ley? Una solución así no resuelve nada e, incluso, prolongaría la crisis estructural del estado y, tarde o temprano, la hidra de la corrosión institucional resurgirá con frescura. Y en segundo lugar: es claro que, tras el viejo régimen, los intereses políticos de la sociedad —legítimos e ilegítimos— están saliendo del marasmo al que los habituó el control del pasado pero aún no ingresan a una era en la que procesen sus demandas por la vía democrática e institucional, y, por lo tanto, la forma como concluya el lío de Oaxaca será un buen precedente para que otros grupos actúen por analogía lo que introducirá nuevas tensiones al próximo presidente y, al menos al principio, serán una distracción para afrontar las políticas públicas verdaderamente cruciales para el país.

Quienes tienen en sus manos el caso Oaxaca deben seguir el camino de la política, sí, pero de una política que esté dentro de las reglas del juego institucional y legal, y no, como ahora parece, el del pragmatismo cínico que pretende eludir la responsabilidad del Estado —y el pago de los costos políticos inherentes— eligiendo, una vez más, la ilegalidad consentida y venerada.

OTTO GRANADOS ROLDÁN