sábado, noviembre 11, 2006

México en llamas

por Mauricio Rossell
publicado el 11 de noviembre en El Universal


México arde en llamas. La insurrección, la revuelta, los enfrentamientos, el linchamiento, la obstrucción de vías de comunicación, la rebelión en contra de las instituciones, la violencia se convirtieron en el pan de todos los días a partir de la definición de los resultados de la elección presidencial y encontraron un campo propicio para su expansión en el estado de Oaxaca. Asuntos en los que por cierto los márgenes de maniobra del Estado cada vez parecen estrecharse más.

En Oaxaca, el empecinamiento de parte de ambos gobiernos por desoír las reales y legítimas demandas de una población creciente que sufre grandes injusticias y la incapacidad para reconstruir el acuerdo social, posibilitaron aglutinar el descontento disperso. Y la falta de sensibilidad del gobierno (tanto federal como local) para frenar a tiempo el problema magisterial y social para reconocer la importancia y capacidad de presión de las fuerzas políticas y de los movimientos sociales locales, lo colocaron al borde de la inestabilidad y de la ingobernabilidad. Mientras que la incapacidad mostrada por los agentes directamente involucrados en el conflicto oaxaqueño para dialogar y encontrar una solución adecuada para todos, permitieron extender la violencia hasta límites que hoy no parecen ofrecer una buena salida al conflicto. El objetivo de estas acciones es claro. Radicalizar los desencuentros políticos, desestabilizar al gobierno y las instituciones y sobre todo generar miedo en la población. Ahí están para muestra la explosión de las bombas en la ciudad de México que tuvieron verificativo durante las primeras horas del lunes de esta semana.

Sin embargo, más allá de este análisis, estos actos evidencian una vez más la decadencia que vive nuestro sistema político y nuestro estado de derecho. El agotamiento de las débiles formas que regulan el desenvolvimiento de la política y la democracia. El deterioro del modo en que actualmente se gobierna el país. La ruptura de los mecanismos de entendimiento del sistema político nacional. La incapacidad de acción e irresponsabilidad del Estado en general y del presidente Fox en particular frente a la polarización y confrontación exacerbada. Y sobre todo la debilidad de las vías tradicionales de representación y participación política de los ciudadanos. Asimismo patentizan el surgimiento de nuevos actores políticos (movimientos sociales) que disputan a los interlocutores tradicionales (especialmente partidos políticos), la hegemonía de la representación de los intereses colectivos y luchan por el rediseño de los fundamentos programáticos y organizativos del Estado, de la democracia y de la política con el apoyo.

Nuevos movimientos sociales que se constituyen en una vía fundamental de participación ciudadana; que se hallan íntimamente ligados a una agenda de temas y formas de participación inéditas hasta hace unos años; y para quienes los órganos y las formas de representación tradicional no sirven más; que desconfían de las formas políticas tradicionales y que desean hacer de los ciudadanos, valga la tautología, ciudadanos completos; que no desean dejar en manos de los políticos tradicionales la gestión de sus problemas y que, por lo mismo, centran sus demandas en el rediseño de la democracia representativa y de sus instituciones, así como en la revaloración de los derechos de los ciudadanos. Y que creen), que la ciudadanización de la política puede ayudar a reconstituir el tejido social hoy erosionado.

Sin embargo, su gran error radica en creer que con base en estas aspiraciones es posible hacer todo. Incluso rebelarse en contra del Estado y sus instituciones. Y no hay nada más equivocado. El Estado para ser realmente democrático, para responder eficazmente a sus responsabilidades en materia de defensa de los intereses colectivos y de desarrollo, antes que ser atacado debe ser fortalecido. Y una vía para hacerlo es tender puentes con los movimientos sociales cuya finalidad es el cambio social a fin de asegurar una interlocución permanente y efectiva con fuerza de cambio político que promueva acciones más eficaces, impulse una vinculación permanente entre lo social y lo político y fomente alternativas novedosas frente a lo existente.

Y lo mismo sucede con la ley. Antes que ser violentada, su observancia debe ser garantizada, así como hacer más efectivo el control y castigo a quienes la transgredan. Bonita herencia la que el presidente Fox le deja a Felipe Calderón.

MAURICIO ROSSELL