Ciudadanos que abusan y leyes que se violan

por Otto Granados Roldán
publicado el 9 de noviembre en La Crónica

La presentación del Índice de Percepción de la Corrupción que realiza Transparencia Internacional —en cuya nueva edición México cayó del sitio 51 que ocupó en el 2001 al vergonzoso número 70 (entre 163 países) este año—, los datos recientes de que en los primeros nueve meses del año los asesinatos atribuidos al crimen organizado ascienden a mil 500 o las explosiones de estos días reivindicadas por guerrillas residuales del sur del país son hechos que, si bien responden a dinámicas distintas, exhiben con alarmante claridad la disolvencia institucional que ha corroído al país desde hace ya bastantes años pero también las tremendas dificultades objetivas que hay para asegurar que México cuenta con lo que algún académico ha llamado una “sociedad decente”.

En efecto, la mayoría de los reportes internacionales de competitividad han coincidido en señalar que a pesar de los progresos que el país muestra en distintos campos —como la cobertura en educación y salud públicas, la estabilidad macroeconómica o la apertura comercial—, parece haber un progresivo deterioro en la capacidad del Estado para preservar el imperio de la ley y la seguridad pública, y para garantizar una institucionalidad mínima que permita que el resto de las variables en que se basa el funcionamiento de la economía, la armonía social y las libertades civiles operen con razonable eficacia. Las razones son extraordinariamente diversas y complejas y tienen que ver con aspectos técnicos, presupuestales, políticos, regulatorios, judiciales o de inteligencia, pero una de ellas, quizá crucial, es la baja propensión cultural, psicológica y fáctica de la ciudadanía a respetar el estado de derecho.

Son conocidos los datos que distintas encuestas revelan al respecto y que no son otra cosa sino el retrato cruel del enorme déficit ciudadano, la fragilidad social y el desconcierto con que el mexicano ve sus relaciones con los demás, con el entorno en que vive y con los valores fundamentales que son el pegamento de la democracia y la civilidad. Cuando el 82% de los mexicanos dice confiar “poco” o “nada” en sus semejantes o el 50% cree que el Estado no logra que las leyes se cumplan y que no deben cumplirse si “son injustas” o el 60% piensa que unos “cuantos líderes decididos harían más por el país que todas las leyes”, entonces se produce un fenómeno grave de debilitamiento social e institucional y ese conjunto de sentimientos —exacerbados por conductas reprobables de políticos, empresarios o figuras públicas— se constituyen en el más fuerte incentivo para encontrar el camino más corto para alcanzar los objetivos personales que, con frecuencia, suele ser violar la ley.

Es probable que se trate de una experiencia dolorosa e inevitable en la transición desde un régimen autoritario —y la correspondiente fragmentación de los controles y reglas en que se fundaba— a otro en el que hay una democracia incipiente que ha resuelto las cuestiones electorales pero apenas inicia el largo proceso de construir los nuevos arreglos políticos y culturales que le den la institucionalidad necesaria para funcionar razonablemente en el siglo XXI, uno de los cuáles es, precisamente, una ciudadanía de alta intensidad.

Los optimistas podrían argumentar —tal vez con algo de razón— que como ahora los medios reportan y documentan las miserias de la vida pública, el efecto natural en el terreno civil es el desencanto y una lógica desafección por la cosa pública. Pero en oposición, la conclusión más próxima en el plano institucional sería entonces que, gracias a ese ejercicio clarificador, algunas de esas miserias podrían estar disminuyendo. La evidencia derivada de los estudios de opinión y los indicadores de gobernabilidad, sin embargo, parece mostrar que no es así.

Por el lado ciudadano no se advierten mejorías significativas que permitan inferir que una información más abundante y libre está arrojando consecuencias pedagógicas positivas en el comportamiento cívico de la sociedad. El Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno, por ejemplo, reportó el año pasado 115 millones de actos de corrupción relacionados con 35 servicios o regulaciones públicas, y el tipo de faltas sugiere que en una buena parte de ellas hubo una participación consciente, consentida y activa de los ciudadanos.

Sin ánimo de simplificar, esta aparente disfunción recomienda explorar si el papel socializador que toca a los medios, la iglesia, las organizaciones civiles o la familia en la generación de actitudes ciudadanas más positivas se está cumpliendo o no. “Si los medios no inventaron la corrupción, pero la aprovechan”, como afirma Raúl Trejo, cabe preguntarse entonces si la explotación mediática que se hace de distorsiones tales como crímenes, abusos de poder, fraudes, corrupción pública y privada y otras lindezas —en ocasiones por cierto con clara intencionalidad política—, combinada con la debilidad estructural de una porción de las instituciones mexicanas, no está provocando justamente un “efecto demostración” de conductas sociales análogas que minan el tejido cívico en lugar de contrarrestarlas, e inducen a asumir la “cultura de la colusión” como una práctica eficiente.

Es decir, cuando un ciudadano se conduce con una propensión elevada a violar la ley —trátese de la APPO, los macheteros de Atenco o los profesores de la sección 22 del SNTE o trátese de quien contrabandea un auto chocolate, conduce un taxi pirata, evade impuestos, invade un predio ajeno, se apropia de bienes ajenos, incumple un contrato o trátese de quienes están en el crimen organizado— se internaliza la ilegalidad en el imaginario colectivo y en la conciencia privada como un elemento casi familiar del paisaje nacional.

No es el lugar para discutir los orígenes históricos y jurídicos o las razones políticas y económicas de este desencuentro endémico de los mexicanos con el estado de derecho, pero es obvio que plantea una grave dificultad en la construcción de una cultura cívica que afiance la normalidad democrática. Mientras el andamiaje institucional de la democracia sea percibido como un privilegio de pocos, escribía Guillermo O´Donnell, “se mantendrá la cultura de intentar maximizar las reglas del sistema a favor de cada cual, por encima de las leyes y las reglas, sin importar las consecuencias colectivas. Esa argumentación está en el corazón de la desafección hacia la política y el poder”.

Quizá la lección más inmediata es que la democracia es decisiva para la estabilidad y el desarrollo de las naciones, los arreglos políticos civilizados, la ampliación de las libertades civiles y políticas de los individuos y es un sistema ampliamente preferible a otros. Pero la experiencia de estos años, sin embargo, muestra que ese avance es una condición necesaria más no suficiente: un país requiere, también, instituciones fuertes y eficaces, sociedades civiles responsables y autónomas, políticas públicas decididas y eficaces, y ciudadanos respetuosos de la ley y de los valores democráticos.

OTTO GRANADOS ROLDÁN