Rezonificación: solución o problema

por Enrique Burgos García
publicado el 14 de octubre en El Universal

H ace prácticamente cinco meses se inició el conflicto que ha hecho cesar el estado de derecho en Oaxaca, al principio entre la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y posteriormente con la incorporación de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, a raíz de una demanda de carácter laboral de los miembros de dicha sección gremial. Sin formular juicio alguno sobre lo justo de las demandas salariales y sin demérito de las implicaciones políticas iniciales, el planteamiento económico-laboral derivó en un enfrentamiento con el Ejecutivo estatal oaxaqueño y las instituciones públicas de esa entidad federativa. Indudable el escalamiento, la mutación de las reivindicaciones y la ampliación de quienes abanderan las reclamaciones. Ante la compleja situación en Oaxaca y la necesidad de volver al cauce institucional la vida en esa entidad federativa, particularmente en algunas zonas de la capital del estado y para la prestación de la función social educativa, a la vuelta del tiempo se presenta como eventual solución la atención de la reivindicación laboral que, en su momento, se concluía de imposible satisfacción por parte de las finanzas públicas.

La sección 22 del SNTE enarboló el planteamiento de la rezonificación salarial, de tal suerte que los maestros considerados en la actual zona 2 de percepciones salariales se ubiquen en la denominada zona 3, que tienen una mayor percepción salarial. No obstante que en el país existen tres zonas económicas para efectos salariales, se argumenta que bajo el principio de que a trabajo igual debe corresponder un salario igual, no debe haber diferencias entre los emolumentos que percibe el personal docente. El establecimiento de esta zonificación data del Acuerdo Nacional para la Federalización de la Educación de 1990 y la transferencia a los estados de la Unión de las responsabilidades administrativas y laborales para la prestación de los servicios educativos de carácter público. No obstante el tiempo transcurrido y la aspiración de homologar las percepciones salariales de los trabajadores de la educación, los insuficientes recursos presupuestales han pospuesto su concreción.

Se calcula que atender la demanda de la rezonificación en Oaxaca entraña asegurar recursos presupuestales adicionales, calendarizados a seis años, de 41 mil millones de pesos. Se trata de una cifra que excede con mucho el presupuesto anual de egresos de esa entidad federativa. Ingenuo sería pensar que de resolverse la asignación financiera del caso para los docentes oaxaqueños, no se transformará de inmediato en una reivindicación salarial del resto del magisterio nacional. Ello implica recursos cuantiosos que dislocarían gravemente las finanzas públicas y los compromisos irreductibles del gasto sustentado en los ingresos fiscales federales.

Sin una reforma hacendaria y fiscal de fondo, que se proponga incrementar el porcentaje de la recaudación respecto del PIB en un horizonte razonable de mediano plazo, sencillamente no habrá recursos suficientes para que el Estado mexicano haga frente con solvencia a sus compromisos elementales. Más necesaria aún es para destinar recursos a objetivos que hasta ahora no han podido cristalizar.

Se antoja que la solución del conflicto oaxaqueño por la vía de comprometer la rezonificación salarial demandada, cuando se carece de la suficiencia presupuestal necesaria, constituye una salida que genera un problema mucho mayor al que pretende resolver. Establecer un compromiso desmesurado para las finanzas públicas, cuando no hay solución todavía a los problemas de la quiebra del sistema de pensiones y la dependencia de los ingresos petroleros que tiene el fisco federal, equivale a sembrar un conflicto de mayor dimensión. Las apariencias de solución harán mayor el problema.

ENRIQUE BURGOS GARCÍA