Oaxaca y la "nada mexicana"

por Carlos Humberto Toledo
publicado el 25 de octubre en Milenio

Nicolás Maquiavelo entendía la política en términos extremadamente precisos.

Y terminantes. Para él, la política se concebía como la lucha, la oposición o la disyunción.

Nada más. Pero nada menos.

De la lectura de sus obras resulta fácil desprender que, más allá de esta noción, que poco o nada deja a la posibilidad real de una negociación con el adversario, Maquiavelo prácticamente no concede más opciones para encuadrar la comprensión en esta actividad. Y, consecuencia lógica, de absolutamente todos sus efectos. Sin importar si los mismos, al momento de su materialización, resulten gratos o ingratos para sus destinatarios. El fin, que es lo único que vale en esta tesis, mediante el luchar, el oponerse o el separarse, será como se consiga. El resto, o la obtención de lo que para la sociedad en términos generales se conoce como el bien común, para nada importa.

Entre los líderes de la sección 22 (S-22) del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, o los de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), ¿quién abrió el libro y leyó a Maquiavelo?

Veamos. El tiempo para conversar y recomponer, si es que existió alguna vez en verdad en las intenciones de la S-22 y la APPO, está agotado.

Al Estado mexicano, por más lamentable que esto pueda resultar, los caminos del entendimiento con su contraparte se le han cerrado. Le toca actuar, ejercer una práctica olvidada en el último lustro: hacer uso del ejercicio del poder.

Este poder, que sin duda es la expresión más alta en una organización política y que resulta suprema en su orden, no puede, sin obtener por ello respuesta, ser desafiado por minorías inconformes que (con abundante placidez, caprichosa exigencia y reprochable consentimiento) han actuado en plena libertad despreciando a la unidad jurídica.

De permitirse, tendríamos que reflexionar seriamente qué representan para México las instituciones. ¿Acaso un esquema de personas morales y físicas tan endeble y medroso que, ante las provocaciones y las bravatas acierta, buscando con ello refugio, sólo para esconderse de sus, teóricamente ineludibles, responsabilidades?

Cierto. Gobernar suponiendo para ello al consenso como regla obligada e infalible, dependiendo patológicamente de lo que marquen las encuestas o pensando en el corto plazo como lo puramente válido, es empequeñecer la majestad que significa representar a un gobierno, a un Estado, o a ambos.

El activo más valioso con que estas entidades cuentan es su población. Es a ella a quien todo deben. Y por la que actuar, exclusivamente pensando en su beneficio, resulta una obligación inmediata e irrenunciable que, espontánea, debe ofertar la permanente dimisión al conveniente y ventajoso asiento de una supuesta popularidad política.

No entender esto último en forma, modo, lugar, tiempo y circunstancia es haber llegado a la más alta responsabilidad política ignorando los fundamentos básicos del quehacer público, lo cual, obligadamente, conlleva a propiciar, confundir o incluso fortalecer patéticas repeticiones de indeseables ejemplos. Como lo es hoy el caso Oaxaca.

Aparentar mucho y hacer nada

Carlota, considerada históricamente la última emperatriz de México, identificó y dio nombre a una tan curiosa como inútil práctica, a la que llamó “la nada mexicana”. Esto es que para supuestamente resolver “algo” se aparenta hacer “mucho”, cuando en realidad nada es lo que se hace.

El caso Oaxaca, con 156 días de estéril y riesgosa existencia, no puede quedar comprendido dentro de la “nada mexicana”. A pesar de la administración Fox. Más aún. Suponiendo sin conceder que el caso Oaxaca solamente fuera un “asunto local” (que pese a la terquedad presidencial en identificarlo como tal, no lo es), su dilatada irresolución ahora mismo expone a serias contingencias al gobierno por entrar.

Los días transcurren y al gobierno por salir se le acaba el tiempo, el que tuvo de sobra para, aprovechando apropiadamente la información recolectada, suponer que, si bien no todos, al menos las facciones radicales de la S-22 y la APPO en ningún momento pensaban “autoinmolarse” en favor del gobierno federal, inutilizando así la violencia y la amenaza, los principales instrumentos con que cuentan para ganar temor y tiempo, y que tan eficazmente saben utilizar.

Sin hacer uso efectivo de esos elementos, los maestros de la 22 y los “appistas” se verían tan reducidos en fuerza y presencia que nadie se tomaría siquiera la molestia de volverse a verlos. Pero una tan vergonzante como tolerada impunidad les concedió el sitio que ahora les hace ser quiénes son. Abundando. El mal cálculo oficial omitió considerar que esa misma impunidad desbocada en sí misma contraería, en un futuro cercano, problemas aún mayores por venir.

Así pues, quienes entre los integrantes de la S-22 asistentes a la Secretaría de Gobernación para dialogar con el gobierno federal acerca de una potencial salida al conflicto, y que ingenuamente supusieron que alguna porción de buena fe prevalecería en esa sección magisterial al intentar encontrar una luz que señalara el final del oscuro túnel, son tachados en estos momentos de “blandos”. Y sus posiciones internas en la S-22, por esa circunstancia, son hoy temblorosamente inciertas.

La negativa al regreso a clases es clara prueba. Certeramente supone el actual control de facto por parte de los “duros” en los mandos de la S-22. ¿Qué seguiría? Una muy posible “purga interna” o el relevo de mandos “blandos” ocupando los “duros” las posiciones de privilegio seccional. Con ello, una complicación más aguda de la crisis, a su vez gustosamente respaldada por los “appistas”, estaría a la vuelta de la esquina. Hoy Oaxaca. Mañana ¿quién?

Si esta perspectiva es soslayada por el gobierno federal y de nuevo se le da la prolongada vuelta al inicio de una acción ejecutiva, ninguna excusa a su favor será válida. Los espacios, aunque reducidos, dan para que antes del último día de noviembre se solucione, al menos en principio, este dilema.

Los recursos, en espera de una orden, están ahí. Son, exactamente, los mismos con los que contará el próximo gobierno. La pregunta es: ¿cuándo y qué Presidente será quien emita la orden?

El caso Oaxaca ha representado y continúa siendo una lección de enormes costos. Felipe Calderón, obligada y agudamente, debe reflexionar sobre quiénes en su sexenio lo acompañarán como responsables en las tareas de la, en México, tan minimizada en importancia rama de la política de la seguridad del Estado.

El cuidado demostrado para la selección de los especialistas que ya se han asumido en la Coordinación Económica del presidente electo es plausible. Una meticulosidad análoga es indispensablemente exigible en la elección de aquellos que, forzosamente, habrán de ofrecerle a él, ya como Presidente en funciones plenas, una visión de 360 grados y en tercera dimensión de lo que ocurra en el país. Porque si algo, entre otras muchas cosas, no merece México, es otro caso Oaxaca.

CARLOS HUMBERTO TOLEDO