Protestas sin límites

por Enrique Canales
publicado el 26 de octubre en Reforma

Soy respetuoso del derecho de huelga, pero toda huelga también tiene límites legales y límites éticos. Los que convierten a una huelga en una mera expresión de violencia, son los que no le tienen respeto al derecho a la huelga. Un gobernador no puede ser derribado porque unos huelguistas exigen su renuncia haciendo los desmanes que quieran y violando impunemente la paz de la población.

Por capricho, los huelguistas de Oaxaca se han burlado del derecho de huelga y de muchos llamados al diálogo y han preferido establecer el círculo vicioso de los chantajistas; si la autoridad quiere detenerlos entonces ellos se vuelven más violentos y hacen más desmanes. Lo que buscan los violentos huelguistas es el poder para burlarse de la sufriente y sumisa población oaxaqueña.

Los huelguistas de Oaxaca ya se acomodaron en el nicho de la estrategia del PRD; "vamos a volver a este país ingobernable, para demostrarles que si nosotros no estamos contentos, nadie gobierna". López Obrador piensa que como no pudo ser el rey del orden, entonces su misión es promover el desorden.

Marcos Guillén también apoya a los huelguistas chantajistas, pues este tipo de líder antidemocrático tan sólo en el desorden puede gobernar, ya que todo lo que huela a votaciones, a consultas formales, a plebiscitos organizados por el IFE o por la ONU, lo ven como caer en el juego del orden. Lo que con una turba se conquista, otra turba lo reconquista y hasta que el cansancio gane o la sangre corra a las alcantarillas.

Hay procedimientos democráticos constitucionales bastante claros para derrocar a un gobernador y, por lo tanto, exigir que el gobernador se vaya para comenzar a dialogar es una vacilada producto de la ambición personal de los líderes de la APPO, inspirados en el desprecio que Andrés Manuel ha tenido de las instituciones.

Por otro lado, hace bien Vicente Fox en decir que la Presidencia ya no tiene el poder de derrocar a un gobernador, pues ése es el tipo de cambios que anhelábamos al tumbar al viejo PRI. En Nuevo León, cuando nuestro querido gobernador don Eduardo Elizondo en 1971 quiso democratizar, formalmente y con transparencia, el funcionamiento de la UANL, Echeverría lo tumbó desde la Presidencia.

Los poderes electos de Oaxaca son los que tienen que entrarle a la papa caliente y exigir aplicar tanto los procedimientos legales para detener a los huelguistas malhechores, como los procedimientos para en tal caso destituir a un gobernador.

Confundimos las soluciones políticas y las soluciones humanistas con la completa permisividad. La violencia de la chusma debe ser contenida con la violencia cortés y educada de la autoridad. Pero todavía nuestra policía no está entrenada ni equipada para contener a mil violentos callejeros ni para recuperar oficinas públicas invadidas por porros de cualquier índole. Ni tampoco nuestros funcionarios pueden explicar a la población que, después de hacer un llamado al diálogo, tienen la obligación de imponer el orden utilizando la violencia.

Todavía vivimos dentro de los agravios del pasado del PRI y pensamos que el huelguista tiene más derechos de protesta vandálica que el ciudadano común y corriente y por eso pareciera que nos satisface más criticar a un policía que le da un macanazo a un huelguista abusivo que criticar a un huelguista que le da un macanazo a un policía.

Estamos frente a una asimetría fundamental que incita a que los violentos recurran a la violencia con impunidad; los cuerpos policiacos para detener los abusos tienen límites para defender a la ciudadanía, mientras los violentos que protestan no tienen límites a los abusos que pueden cometer en las calles, en las oficinas, en los golpes a los vehículos, en los golpes a los policías y a los ciudadanos mirones.

Revisemos el "manual del policía" para conocer lo que un policía debe hacer por obligación para defendernos de los violentos callejeros y evitar sus abusos pero, asimismo, debemos discutir y volver a plasmar en un manual lo que un huelguista puede hacer y lo que no puede hacer.

Estas "reglas de la confrontación" a las que en EU les llaman "rules of engagement", me imagino, deben ser discutidas y aprobadas por los congresos estatales y por el Congreso federal. El asunto es que todos los mexicanos debemos saber que no podemos violentar los derechos de los demás sin que la autoridad intervenga y que, en cierto nivel de abuso de los huelguistas, la autoridad comete un delito si no utiliza el poder que le hemos otorgado, porque la población merece libertad y su paz.

Si en los congresos estatales se aprueba que toda protesta violenta debe ser permitida sin límites y que nunca ninguna autoridad imponga el orden por la fuerza, como lo decía Amalia García, entonces que así sea. Ya nos armaremos todos. Lo que no conviene es dejar en indefinición los límites de la violencia oficial y los límites de los que protestan con violencia.

ENRIQUE CANALES