PRD: el ajuste de cuentas

por Jorge Fernández Menéndez
publicado el 26 de octubre en Excélsior

Comenzó la lucha por el control del PRD y no se caracteriza por las buenas maneras. El primer dato duro de esta confrontación pasa por la distancia que algunos de sus militantes y dirigentes imponen con el autodenominado líder del partido, López Obrador, y por ende con el Presidente electo (y desde el primero de diciembre en funciones), Felipe Calderón.

El martes en Jalisco, estuvieron en una reunión del programa 20-30, junto con Felipe Calderón, la gobernadora de Zacatecas, Amalia García (fan de Joaquín Sabina, lo cual habla, una vez más, muy bien de ella), el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, y su homólogo de Guerrero, Zeferino Torreblanca. Todos presentaron distintas demandas, sobre todo en el ámbito presupuestal y de seguridad, al Presidente electo y obtuvieron respuesta de éste. A diferencia de la anterior reunión de la Conago, donde estos mismos mandatarios no aceptaron tomarse fotos con Calderón, en esta ocasión sí se dio esa oportunidad.

Amalia, Lázaro y Zeferino están jugando sus cartas con sensatez y apelando al realismo polític Amalia tiene un grave problema presupuestal (y diferencias internas graves en el perredismo local con los partidarios de Ricardo Monreal) y necesita apoyo del gobierno federal para cumplir con los compromisos adquiridos en gestiones anteriores; Lázaro y Zeferino, además de problemas internos con sectores ultras de su partido, tienen un problema común de inseguridad y desafío del crimen organizado que ambos han tratado de afrontar, pero que saben que sin la participación de la Federación serán irremediablemente rebasados. Por otra parte, por las luchas internas del propio PRD, saben que el enemigo lo tienen en casa: sus peores adversarios no son los priistas o los panistas, son las fracciones duras de su partido o del lopezobradorismo, que les reclaman que no tengan disciplina absoluta ante los desvaríos del líder. Ni siquiera tomando en cuenta que el líder ha tratado de lincharlos políticamente una y otra vez. Incluso permitiendo agresiones verbales públicas en el Zócalo sin que López Obrador hiciera algo por impedirlo.

Como muestra, un hecho que sigue sin explicación. Al mismo tiempo que Cárdenas estaba en Jalisco, agentes de la PGR detenían, en Michoacán, a Porfirio Barbosa, ex oficial mayor de los gobiernos de Cuauhtémoc Cárdenas y Rosario Robles, por una operación de compra de vales de despensa al ISSSTE por cinco mil millones de pesos, de los cuales una parte de esos recursos se habrían desviado a cuentas particulares. No queda claro quién llevó a cabo la denuncia, se habla tanto de la Secretaría de la Función Pública como de la Auditoría Superior de la Federación, de allí salta al DF, cuya contralora, Berta Luján, no siguió la indagatoria y está siendo investigada, y terminó con la expedición de una orden de captura por parte de un tribunal capitalino, del reclusorio norte. Según Socorro Díaz, en aquel entonces directora del ISSSTE y ahora parte de la dirección del equipo de López Obrador, ella no autorizó esa operación, pero, según la denuncia, hay unos 30 involucrados. Evidentemente, si Porfirio Barbosa y los demás involucrados cometieron un delito, deben ser castigados, pero llama la atención que se proceda a la detención del ahora funcionario de Michoacán, a seis años de ocurridos los hechos y que no quede claro ni en qué se utilizaron esos recursos ni tampoco quien llevó a cabo esta investigación.

Al mismo tiempo que se daban estos hechos, lejos de allí, en Oaxaca, todo indicaba que los duros de la APPO, encabezados por el dirigente perredista (ex miembro del consejo nacional de ese partido) Flavio Sosa, presionaron lo suficiente a los maestros de la Sección 22 para que no se aceptara el regreso a clases en esta nueva consulta realizada a “mano alzada” (o sea, en forma propicia para cualquier tipo de intimidación). Pero el dato más importante no es ése, sino el ofrecimiento de esa fracción de la APPO a López Obrador para unificar ambos movimientos y para que instale su gobierno en el antiguo Palacio de Gobierno del estado, frente al Zócalo, un edificio que Ulises Ruiz abandonó para convertirlo en una suerte de museo y que ahora está controlado por la APPO. En la realidad peculiar que vive López Obrador, debe ser tentador “despachar” desde el Palacio de Gobierno oaxaqueño, custodiado por los miembros de la APPO y cerca del espíritu, ya que no de las convicciones, de Benito Juárez. Simultáneamente, la propia APPO ahora dice que, si no renuncia Ulises Ruiz, “impedirán” la toma de posesión de Felipe Calderón el primero de diciembre: ¿dónde quedó el conflicto magisterial, incluso la demanda política local?

Si a eso sumamos, como decíamos ayer, que el Gobierno federal parece haberse dado por vencido en Oaxaca y dejará para la próxima administración la solución del problema, la posibilidad de que el lopezobradorismo y la APPO finalmente confluyan públicamente (en privado ya lo han hecho mucho tiempo atrás) y que López Obrador decida utilizar después del 20 de noviembre el antiguo Palacio de Gobierno de la capital oaxaqueña, no es nada descabellado.

Finalmente, el propio López Obrador, dejando atrás el mal recuerdo de la derrota en Tabasco, acompañado por quien funge como presidente nacional del PRD, Leonel Cota, se dedicó a tomar unas vacaciones navegando por el Mar de Cortés, en un yate privado proporcionado por el gobierno del estado que encabeza el perredista Narciso Agúndez, y viviendo en un rancho del propio Cota. Atrás quedaron los días del Tsuru blanco y de proclamar que vivía con sesenta mil pesos mensuales. No hay nada como la “honestidad valiente”: no salga sin ella.

JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ