Aritmética política

por Mauricio Merino
publicado el 4 de noviembre en El Universal

No es cosa fácil entender la lógica del conflicto político desatado en Oaxaca. Se trata de una compleja red de intereses capaces de crear y escalar problemas, que sin embargo carecen del poder suficiente para ponerles un punto final. Aprendices de brujo que se han trenzado con dosis equivalentes de terquedad e impotencia y que han convertido a Oaxaca, a un tiempo, en un territorio violento, en una amenaza para los derechos fundamentales y en un campo de chantajes políticos sin destino. Pero también puede ser un ejemplo, pues lo que está sucediendo en Oaxaca es exactamente lo que le puede ocurrir a todo el país gracias a la estulticia de la teoría aritmética de la política.

El origen del conflicto no sólo está en la incapacidad de las élites locales para llegar a acuerdos plausibles, sino en el machismo con el que han actuado: los líderes del magisterio local y los enemigos políticos del gobernador Ruiz se propusieron quitarlo del cargo a la mala. Pero el gobernador, por su parte, se ha defendido con todos los medios que ha tenido a su alcance para ponerle a su cabeza un precio que nadie se atreve a pagar. Es una trama de cacicazgos viejos y nuevos, en la que ninguno de los protagonistas puede adjudicarse el papel de víctima o victimario, pues todos son igualmente malos. Unos han demostrado una rotunda falta de respeto a las leyes y los otros una escandalosa incapacidad para gobernar. Nadie sensato podría defender los medios empleados por la sección 22 del SNTE y la APPO, ni tampoco la prepotencia y la negligencia con la que ha actuado el gobierno de esa entidad. Ninguno ha actuado de buena fe: es una prueba de fuerza entre dos grupos mafiosos, que han logrado atrapar al país en un conflicto que ya pertenece, por méritos propios, a la galería de los peores momentos de la historia de México.

No obstante, lo más lamentable ha sido la incapacidad de las instituciones políticas nacionales (por así llamarlas) para evitar el incendio. En un primer momento, el gobierno federal reaccionó como casi siempre durante este sexenio: eludiendo toda intervención en un asunto que consideraba estrictamente local.

Según la teoría aritmética de la política, que tan puntillosamente se ha seguido desde hace ya varios años, el conflicto resultaba favorable a los intereses del gobierno pues servía como un buen argumento para demostrar el fracaso de uno de los principales aliados de quien era, entonces, el candidato del PRI a la Presidencia de la República. Y en ese momento nadie se hubiera atrevido tampoco a molestar a la maestra Elba Esther Gordillo, líder nacional del magisterio, quien estaba contribuyendo de manera definitiva al éxito de la candidatura de Felipe Calderón y mucho menos ante una disputa con visos estrictamente priístas. Si el costo era la caída del gobernador Ulises Ruiz, como consecuencia de un pleito entre los adversarios del Presidente, el gobierno federal estaba más que dispuesto a pagarlo.

Pero el cálculo resultó fallido. Tras las elecciones del 2 de julio, el tablero que sirvió para hacer cuentas en la aritmética original se movió dramáticamente. De un lado, la APPO tomó el control del movimiento social y se montó, con habilidad calculada, en la imposibilidad del gobierno para usar la fuerza pública en contra de cualquier movilización popular. Si el Paseo de la Reforma estaba tomado por los partidarios de Andrés Manuel López Obrador, Oaxaca sería secuestrado por los enemigos de Ulises Ruiz. Y tuvo razón: durante varias semanas, el gobierno federal simplemente eludió el tema escudándose, una y otra vez, en esa especie de doctrina Estrada federalista, que defendía la no intervención del gobierno nacional en los asuntos internos de los estados y la resolución pacífica de los conflictos. Y por supuesto, lo único que logró fue que la APPO tomara la plaza totalmente.

Pero de otro lado, luego del 2 de julio, el PRI se levantó como el partido indispensable para el gobierno siguiente. De modo que si antes de esa fecha la cabeza de Ulises Ruiz no valía tres centavos, ahora su precio se ha revaluado tanto que resulta difícil imaginar que el gobierno esté en condiciones de pagarlo. El gobernador tuvo la habilidad de convertirse en un símbolo de orgullo para el partido que lo defiende y en una especie de condición de principio para mantener viva la alianza entre el gobierno y el PRI. El nuevo precio de esa cabeza quedó de manifiesto en la intervención del Senado de la República, que se negó a declarar la desaparición de poderes en esa entidad, a pesar de haber emitido un dictamen en el que reconocía, para salvar la cara, que el estado era ya ingobernable. El gobernador se mantuvo en su puesto, porque el PRI lo reclamó como una prenda para seguir negociando con el gobierno. En la aritmética utilizada, el gobernador llegó a valer tanto como una toma de posesión y una agenda legislativa.

Con las posiciones polarizadas, el diálogo al que llamó la Secretaría de Gobernación se volvió un ejercicio inútil y la parsimonia con la que había reaccionado el presidente Fox cambió repentinamente, cuando la violencia empezó a convertirse en guerra civil. Si antes estaba del lado de los maestros, ahora estaría en el bando contrario; si antes dejó hacer, calculando las ganancias políticas, ahora ha decidido actuar calculando las pérdidas; si antes abogó por la no intervención, ahora se asume como la garantía para devolver la paz y el derecho a esa entidad agraviada. Pero detrás de esas flagrantes y peligrosas contradicciones la lógica sigue siendo la misma: es la teoría aritmética de la política, que hoy aconseja hacer lo contrario de lo que se hizo ayer, porque lo importante no está en los principios ni en la visión del Estado (esas cosas banales que reclaman los analistas), sino en los números duros y fríos que sirven para orquestar el paso siguiente. Ayer se trataba de ganar elecciones y hoy de permitir el arranque del nuevo gobierno.

Sin embargo, la teoría aritmética que se ha utilizado no alcanza para calcular todas las variables en juego. Y nadie sabe a ciencia cierta en qué terminará este conflicto. Excepto por un dato ya irrevocable: que a pesar de sus cuentas pragmáticas, el sexenio de Fox terminó con violencia.

MAURICIO MERINO