Oaxaca y la ley

por Gilberto Rincón Gallardo
publicado el 2 de noviembre en Notimex

El conflicto del estado de Oaxaca no se ha solucionado con el ingreso de la Policía Federal Preventiva a su ciudad capital, sobre todo porque se trata de un conflicto no de seguridad pública sino político, aunque desde luego la seguridad de las personas se ha visto afectada por él.

Pero también es cierto que esta presencia policial detiene, al menos por el momento, el veloz deterioro de la situación social en Oaxaca que sólo el pasado viernes generó cuatro muertes. Por ello, lo que se haga tanto en el terreno político como en el de la seguridad será crucial para abrir visos de una solución si no buena, sí menos dañina que lo que sucede ahora.

Pero no se podrá hablar de retorno al Estado de Derecho hasta que éste se reconstruya en una clave incluyente y hasta que se alcance un nuevo esquema de convivencia política en el que las armas, así sean palos y piedras, hayan desaparecido de la escena.

Será muy difícil para el gobierno federal acreditar y sostener su interpretación de que la policía federal está allí fundamentalmente para garantizar el orden público, y no para apuntalar por la fuerza al gobernador Ulises Ruiz. Y será difícil porque ambas partes del conflicto interpretan esta intervención como mejor conviene a sus intereses: unos como pretexto para proclamar que su lucha será también contra el poder federal y otros para no retroceder en su afianzamiento en el poder local.

La equidistancia será, en efecto, muy difícil de sostener, pero a la vez es la única posición que tiene sentido en este momento preciso. El gobierno federal no puede defender una institucionalidad y legalidad locales que se han perdido, pero no puede a la vez dejar el poder político a grupos autoelectos que no han vacilado en la presión ilegal y la violencia para avanzar sus posiciones.

En abstracto, ninguna acción represiva del Estado es deseable; pero en los hechos concretos, como los de la espiral de violencia del fin de semana, se reveló que el monopolio gubernamental de la violencia legítima es una atribución que no se puede desgajar de manera definitiva del cuerpo del Estado. Sobre todo, porque si se mantiene el difícil equilibrio generado del domingo a ahora, la presencia federal en Oaxaca será la única garantía de que las cosas no terminen en una guerra abierta entre grupos políticos.

Pero a la vez que sentido de la urgencia del problema, más nos vale hacernos cargo del sentido de la importancia social del conflicto. No podría sostenerse que existe una relación mecánica entre violencia política y pobreza, porque si no, una buena parte del país estaría en situación semejante; pero lo que es claro es que el rezago social y la marginación de un estado completo es el caldo de cultivo idóneo para estallidos de este tipo.

Si en alguna ofensiva debemos estar todos de acuerdo para el mediano y largo plazos es la que un Estado democrático tiene que emprender para generar un desarrollo regional equilibrado y para concretar una serie de compensaciones socioeconómicas para atender una estructura que no estalló antes por los frenos corporativos ahora diluidos y el desfogue de la emigración laboral.

Un genuino compromiso con Oaxaca requiere que se extreme la prudencia para evitar que las partes en conflicto arrastren al resto de la población a un callejón sin salida. Urge que la APPO y la Sección 22 del SNTE definan su relación con los métodos democráticos y asuman sus responsabilidades, y urge que el gobernador medite sobre su papel en esta situación para actuar en consecuencia.

La diferencia que se perfila entre los maestros que empiezan a retornar a clases y la APPO que se mantiene en las calles, puede lo mismo quitar presión al conflicto o exacerbar a los sectores radicales ya presentes.

Pero cabe destacar que existe un actor político que ha estado a la sombra y que puede ser crucial para el desahogo del problema: el PRI nacional. En efecto, este partido puede ahora jugar un papel decisivo, pues su disyuntiva es sostener ahora a su gobernador, con la posibilidad de perder el control político del estado en la próxima elección, o bien tratar de reconstruir desde ahora las condiciones de su permanencia en el poder.

En todo caso, el gobierno federal tiene la difícil tarea de conducir un conflicto que puede tener como víctimas más notorias a la ley y la convivencia pacífica en Oaxaca.

GILBERTO RINCÓN GALLARDO