Contexto y perspectivas

por Jaime Sánchez Susarrey
publicado el 14 de octubre en Reforma

El contexto previo a la toma de posesión de Felipe Calderón es bastante complicado. Oaxaca se ha convertido en un foco rojo y todo el mundo está pendiente de lo que allá ocurre. La decapitación de un líder magisterial opuesto a Enrique Rueda, secretario de la sección 22 del SNTE, es un ejemplo siniestro de la barbarie que impera. Nadie se salva. Las pérdidas económicas, para no hablar de las víctimas que han sido asesinadas, son millonarias.

El Senado de la República formó ya una comisión para analizar los acontecimientos. No hay, sin embargo, razón legal para que los senadores "decreten" la desaparición de poderes en el estado. En primer lugar, porque la Constitución no los faculta para tal cosa, sino para constatar si los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ya no funcionan en la entidad. En segundo lugar, porque, si así fuera, la Constitución añade que la desaparición de poderes sólo procede si la causa de ese vacío es atribuible a las propias autoridades.

En el caso de Oaxaca no se cumple ninguna de esas condiciones, ya que los poderes, al menos dos de ellos, el Judicial y el Legislativo, han seguido funcionando. Y, además, porque la situación de ingobernabilidad que allá se vive no es atribuible a la autoridad en cuestión, sino a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca. Es por eso que no existe margen para que el Senado de la República confirme la inexistencia de poderes y proceda al nombramiento de un gobernador interino.

Lo que vendrá después puede predecirse sin necesidad de consultar una bola de cristal. En cuestión de días, el conflicto regresará, como una papa caliente, a manos del gobierno federal. Porque una vez que el Senado se declare incompetente, se producirá una radicalización de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca que cerrará, si es que alguna vez lo hubo, cualquier resquicio para una salida negociada. En ese momento, el presidente de la República y su secretario de Gobernación no tendrán más remedio que hacer uso de la fuerza pública para restablecer el Estado de derecho.

Ese escenario es terriblemente complicado. Porque más allá de las dudas hamletianas que ello generará en Vicente Fox y Carlos Abascal, hay un factor muy preocupante. El secretario de Defensa advirtió que no quiere correr el riesgo de ser procesado dentro de 25 años por las acciones que tendría que tomar el Ejército para restaurar el orden. Y a ello hay que añadir que las unidades de la Marina que se encontraban en esa entidad fueron retiradas. Así que la posibilidad del uso de la fuerza suscita dudas y preguntas graves: ¿Qué corporación se haría cargo: la Policía Federal Preventiva? ¿Contaría ésta con el apoyo de destacamentos del Ejército o de la Marina?

En suma, es probable que Felipe Calderón tome posesión como presidente de la República sin que el conflicto en Oaxaca haya sido resuelto. Cada día que pasa se hace más evidente que tanto el presidente de la República como el secretario de Gobernación están abdicando de sus responsabilidades. Su negativa reiterada a utilizar la fuerza pública se ha constituido en un verdadero aliciente para las fracciones radicales. Los integrantes de la APPO no temen ninguna consecuencia y no están dispuestos a ceder ni un ápice. El tiempo, piensan, está de su lado.

No sólo eso. Más allá de las fronteras del estado de Oaxaca, la violencia es ya un problema de seguridad nacional. Los ajustes de cuentas entre narcotraficantes y los asesinatos de ministerios públicos e integrantes de los cuerpos policíacos en varios estados, confirman que existe una ofensiva del crimen organizado, particularmente de los carteles del narcotráfico. El deterioro y la impunidad vienen desde hace décadas, pero no hay duda de que durante el gobierno de Vicente Fox se han agravado. La prueba más palpable está en el tipo de crímenes que se cometen (las decapitaciones), la regularidad con que ocurren (un día sí y otro también) y la expansión a zonas y ciudades (Acapulco, Nuevo León) que eran tranquilas.

Ante semejante panorama, la única luz que se ve en el horizonte está, paradójicamente, en el sur de la República. La derrota de Raúl Ojeda, candidato del PRD en Tabasco, se puede dar por descontada. Porque a menos que ocurra algo extraordinario, el candidato del PRI se impondrá por una amplia ventaja (nueve o diez puntos según señalan las encuestas). El efecto que ello tendrá en el liderazgo de AMLO será mortal. Difícilmente podrá levantarse de ese golpe y su fuerza en el interior del PRD menguará aún más. Ya no habrá dudas. Será la confirmación de que la estrategia de resistencia civil es un rotundo y absoluto fracaso.

Pero lo que se ve bien hacia afuera tiene un negro correlato hacia dentro. El conflicto entre el Presidente electo y el presidente del PAN es un secreto a voces. Las tensiones vienen desde la contienda por la candidatura a la Presidencia de la República. Espino jugó abiertamente a favor de Creel. Después, fue el responsable directo de que varias de las alianzas que tejía el equipo de Calderón abortaran. Pero allí no terminaron los conflictos. En la selección de los coordinadores de las distintas comisiones del Congreso hubo tensiones y tirones. No parece haber, en consecuencia, espacio para el entendimiento. Porque sería absurdo que el nuevo presidente de la República tuviera en la dirección de su partido a uno de sus opositores más férreos.

Ese es el contexto en que Felipe Calderón tomará posesión el próximo 1o. de diciembre. Obviamente, no tiene margen para el error ni puede perder el tiempo. Sus prioridades deben ser precisas y sus primeros pasos certeros. La integración del gabinete será la prueba de fuego de si estará o no a la altura de los problemas que debe resolver. No sobra recordar que el traspié que dio Fox en la formación de su gobierno lo persiguió como una maldición el resto de su sexenio.

La clave del éxito está en que el Presidente defina con claridad qué es lo que busca: un gabinete plural o un gobierno de coalición. Lo primero suena bien, pero es insuficiente. Lo segundo es el camino para romper el impasse en que ha caído el Poder Legislativo y quebrar las inercias de este sexenio. El otro asunto capital es el nombramiento del secretario de Gobernación: debe ser un negociador por excelencia o un hombre fuerte capaz de lidiar con el problema de la inseguridad, la violencia, la delincuencia organizada y la ingobernabilidad en Oaxaca. La respuesta es obvia y no exige mayores comentarios. Ojalá que Felipe Calderón no se confunda, porque el horno no está para bollos.

JAIME SÁNCHEZ SUSARREY