Radicalización y terrorismo
publicado el 8 de noviembre en Excélsior
Hace algunas semanas, en este espacio hicimos un paralelismo entre las tribulaciones electorales de 1994 y las de 2006. Dijimos que, desde luego, las circunstancias no eran idénticas, pero sí más parecidas entre sí que aquellas en las que se realizaron los comicios presidenciales de 2000. Entre la elección de 1994 y la de 2000 hubo significativos avances en materia electoral y de civilidad política, al grado que muchos creyeron, erróneamente, que lo ganado era irreversible. En 2004 hubo incluso diversos foros para conmemorar el "año que vivimos en peligro", a una década de ocurrido, a modo de celebración porque aquel ríspido ambiente político había sido dejado definitivamente atrás. Pero quienes tuvieron un poco de agudeza política pudieron decir en 2004 que no había que echar las campanas a vuelo. Que lo que aparentemente había quedado superado podría volver a resurgir. Ya para entonces se había golpeado la credibilidad del IFE, que anunciaba un fuerte cuestionamiento a su imparcialidad y desempeño. También se había iniciado ya el embate del gobierno federal en contra del previsible candidato presidencial del PRD, lo que, con un poco de perspicacia, hubiera recordado la política seguida por Carlos Salinas de Gortari hacia ese mismo partido, con las consecuencias que vimos en 1994: la radicalización de la izquierda e incluso el rebase del PRD por grupos extremistas, en primer lugar el EZLN.
¿Por qué no podrían volver a ocurrir otra vez dichas calamidades, si se repetía puntualmente el recetario de cerrazón y hostigamiento hacia la izquierda partidista e institucional? Pues pocos lo vieron. Y el último en hacerlo fue el presidente Fox, quien creía que se podía marginar, obstaculizar y perseguir políticamente a esa izquierda sin pagar ninguna consecuencia por ello. Bastaba con que recordara la historia reciente del salinato, pero eso es mucho pedir en una mente estrecha, obcecada y autista. Así, el presidente Fox puede condenar todo lo que quiera estos atentados (y nosotros con él), pero no debiera sorprenderse (y nosotros tampoco) de que hayan ocurrido; sería la consecuencia natural y previsible de su política de cerrazón hacia la izquierda. Pero dicha relación causal, ampliamente conocida por politólogos e historiadores, parece todo un misterio para el Presidente, que encima se jacta de su nueva victoria electoral, la de este año.
Las explosiones del lunes en la madrugada recuerdan las que ocurrieron poco después de la aparición del EZLN, en la capital y otros puntos del país. En esta ocasión, cinco agrupaciones guerrilleras reivindicaron el atentado. De ser cierto, se trata nuevamente de una izquierda radicalizada que no se conforma con las marchas y los plantones para expresar su descontento frente a la permanencia de Ulises Ruiz en Oaxaca y lo que consideran como la exclusión del PRD del sistema electoral. Algo muy parecido a lo reclamado por el EZLN en 1994. Esa es al menos la interpretación que puede darse a partir de los objetivos de los atentados: el PRI (defensor de Ruiz y chantajista del PAN para que no actúe); el Tribunal Electoral, aval del poco claro triunfo de Felipe Calderón (y que para la izquierda radical fue un enorme y evidente fraude); un banco, símbolo de la explotación extranjera en nuestro país (pues operan con rendimientos mucho más elevados que en sus naciones de origen) y dos Sanborns, propiedad del mayor monopolista de México, el máximo patrón del país.
Cuando en 1994 tuvieron lugar atentados, Salinas de Gortari tomó en cuenta el hecho como un riesgo de expansión del conflicto chiapaneco. Sobre esos sucesos, escribió años después: "El 8 de enero explotó un carro bomba en uno de los centros comerciales más importantes de la capital… En el comunicado que reivindicó esta explosión se llamaba a respaldar al EZLN. Ese mismo día estalló un cohete antitanque en un coche abandonado en las inmediaciones del Campo Militar Número Uno. Muy cerca fueron hallados otros dos misiles. Poco después, se registraron atentados contra torres de energía eléctrica en Michoacán y Puebla, y contra la Refinería de Tula, en Hidalgo". Hubo una amplia movilización policíaca para evitar nuevos atentados, que se entendieron como un riesgo de que el conflicto chiapaneco se expandiera por todo el país: "La prioridad era evitar que el EZLN abriera otro frente en Chiapas y, sobre todo, en algún otro punto del país. Llevamos a cabo reuniones intensas y regulares para hacer un seguimiento cuidadoso y detallado sobre posibles grupos afines a la guerrilla de Chiapas, o que quisieran levantarse siguiendo el ejemplo del EZLN… Los actos terroristas creaban un enorme clima de inseguridad y, por lo tanto, acumulaban exigencias sociales para terminar con los levantados en armas". Por lo cual, "los grupos dentro del Estado a favor de la represión aprovechaban todas estas circunstancias para forzar una ofensiva final". Pero Salinas concluyó que era mejor abrir un canal de negociación para desactivar el conflicto, al menos de momento: "Reprimir significaba regresar a la época del endurecimiento del Estado" (México: un paso difícil a la modernidad. 2000).
Ahora las cosas parecen ir a la inversa. Primero las mesas de negociación que, a falta de resultados concretos (la remoción de Ruiz, como condición previa), son sustituidas por la radicalización de las partes y la presencia de la fuerza pública. Lo cual genera el riesgo de que el conflicto se desborde por fuera de Oaxaca. Pero la respuesta presidencial no parece ser la más adecuada. La evasión, la irresponsabilidad, el lavado de manos, las vacaciones pagadas de fin de sexenio. Salinas de Gortari, que tan cerca ha estado de Fox en estos últimos años, debiera darle algunas luces a su amigo sobre los enormes riesgos de no manejar responsable y eficazmente un conflicto social de esta magnitud.
JOSÉ ANTONIO CRESPO

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