Aplicar la ley

por Macario Schettino
publicado el 7 de noviembre en El Universal

Todos sabemos, es un lugar común, que la ley no se aplica en México. De esto se han colgado infinidad de redentores sociales para criticar al gobierno, argumentando que sólo a los débiles se les impone la ley. Lo que nunca queda claro, y ya va siendo tiempo, es quiénes son los débiles.

Asociamos con facilidad la idea de débil con la pobreza, y con justa razón. Quien tiene dinero cuenta al menos con la posibilidad de defenderse, lo que tampoco es gran cosa, dada la tortuosidad de nuestro sistema judicial. Pero aunque el dinero ayude, en realidad no es el elemento más importante. La ley se aplica en México no a quien es pobre en dinero, sino en apoyo político.

No por nada el régimen político del siglo XX fue autoritario. Característica elemental del autoritarismo es el desprecio de la ley, que en nuestro caso abarcaba desde la Constitución hasta la más mínima circular administrativa. No había ley que pudiese limitar la voluntad presidencial, de manera que ésta determinaba lo justo de lo injusto, el castigo o la prebenda.

En México la ley se ha aplicado a todos por igual, siempre y cuando no tengan apoyo político. Quien lo tiene, está fuera del estado de derecho, no tiene por qué preocuparse por lo que diga la norma escrita. Sólo cuando ese apoyo se pierde, la ley empieza a importar.

Así que los débiles son quienes no tienen este apoyo. No son débiles los obreros, a menos que estén fuera del sindicato. No son débiles los campesinos, a menos que vayan contra la Liga o Confederación que los controla. Pero sí son débiles los indígenas, y es débil la clase media. Esta última a lo mejor tiene los pesos necesarios para que su tragedia sea un poco menor, pero es cuestión de grado solamente.

El carácter corporativo del régimen de la Revolución convirtió entonces a la ley en un mecanismo de control. Todo aquel que no estuviese dentro de los mecanismos de control corporativo del régimen tenía un costo claro: se le podía aplicar la ley. Todo aquel que se mantuviese bajo el paraguas revolucionario, tenía un inmenso privilegio: inmunidad. Que en el extremo se llama impunidad.

No hay mexicano mayor de 40 años que no tenga al menos un puñado de ejemplos de cómo la ley se aplicó de manera diferencial al líder sindical, al comisariado ejidal, al supervisor escolar, al diputado. Y para quienes no tengan buena memoria, tenemos hoy ejemplos extraordinarios.

Usted puede cerrar calles en la ciudad de México sin ningún problema, siempre y cuando tenga apoyo político. Usted puede robar, destruir, quemar, incluso juzgar a otros en la plaza pública y humillarlos y golpearlos. Usted puede, con ello, sumar decenas de delitos, que ninguno jamás será castigado si cuenta con apoyo político.

Puede usted, además, argumentar siempre que lo que hace es parte de su libertad de expresión, que todos los daños que genere, desde una simple molestia de tráfico hasta la muerte de decenas de personas, son pocos comparados con la falta de democracia. No importa que ésta sea una flagrante contradicción, porque no hay democracia sin estado de derecho; no tiene la menor importancia porque en este país no podemos aún entender la lógica elemental. Décadas de un sistema educativo deplorable nos niegan esa posibilidad.

Además, siempre encontrará usted eco en los medios de comunicación para defender sus justas demandas. Siempre habrá un comentarista, un articulista, tal vez un reportero que, habiendo crecido en el régimen autoritario, cree que la democracia consiste en destruir leyes e instituciones, porque el mañana es del hombre nuevo, que habrá de surgir del poder del pueblo.

No hay democracia posible si no hay leyes que se apliquen a todos de la misma manera. El trato diferenciado que hoy seguimos otorgando a los criminales, es decir, a quienes infringen la ley, es una reminiscencia, nada mínima, del régimen autoritario en el que vivimos hasta hace pocos años.

Dejemos de confundir la aplicación de la ley con el autoritarismo. Es exactamente al contrario. Quien cometa un delito, debe pagarlo. Y no hay autonomías, ni rezagos históricos, ni derechos del pueblo que valgan. Dejemos atrás de una vez al autoritarismo: apliquemos la ley.

MACARIO SCHETTINO