Oaxaca: lecciones
por Jaime Sánchez Susarrey
publicado el 4 de noviembre en Reforma
1. Una vez que se opta por el uso de la fuerza pública debe hacerse en forma masiva y abrumadora. Porque entre mayores sean los destacamentos, mayor será su poder de disuasión. Y a mayor poder de disuasión, menor (o nula) necesidad de recurrir al uso de armas de fuego. Con todas las diferencias del caso, Oaxaca confirmó lo que ocurrió hace varios años en la UNAM. La entrada de los contingentes policiacos desalentó la resistencia o la venció sin mayores problemas. Por eso era indispensable la intervención de las fuerzas federales. Un operativo con las corporaciones locales hubiera terminado como un verdadero desastre.
2. Ningún gobierno democrático en ninguna parte del mundo puede ni debe renunciar al uso de la fuerza pública. La esencia del Estado, como señalaba Max Weber, es el monopolio de la violencia física legítima. Ahí donde ese monopolio se rompe, el Estado comienza a desintegrarse. Oaxaca fue durante cinco largos meses un territorio al margen de la ley y el orden. Durante ese tiempo se convirtió en un problema de seguridad nacional; no sólo por el abandono en que se dejó a cientos de miles de ciudadanos, sino también por el efecto de demostración que tienen ese tipo de rebeliones.
3. La negociación política no es siempre la panacea ni la esencia de la democracia. No lo es cuando un grupo viola la ley, utiliza métodos violentos y atenta contra las instituciones. Poco importa que ese grupo tenga fines delincuenciales o se asuma como la representación de un sector revolucionario (o la "encarnación" de la sociedad civil). La aplicación de la ley debe ser estricta y universal. Vale lo mismo para un ciudadano que para un grupo organizado. En México se opera con un criterio inverso. Mientras que al ciudadano común se le aplica todo el peso de la ley, a los grupos organizados se les tolera y se les condonan los procesos y las penas. De la UNAM a Oaxaca, pasando por Atenco, se ha repetido esa historia. El futuro del Estado de derecho en México depende de que se rompa esa perversidad.
4. No se debe dejar crecer ningún problema con la esperanza de que las cosas se acomodarán por su propio peso; más vale atajarlo en forma inmediata. El paso del tiempo conduce irremediablemente a la descomposición social, el encono, la violencia y los enfrentamientos. Lo que sorprende en Oaxaca no es que haya habido 14 muertos, sino que el número de víctimas no hubiese sido mayor. Porque a final de cuentas, cuando impera la ley de la selva y un grupo organizado ejerce violencia y presión sobre los ciudadanos termina por generar una reacción. Eso fue lo que ocurrió en los Altos de Chiapas y hacia allá se enfilaba Oaxaca.
5. Las organizaciones corporativas deben ser acotadas. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afilia a 70 mil trabajadores. Su poder, como lo acaba de demostrar, es enorme. Impuso su pliego petitorio al gobierno local y federal con puntos y comas (incluido un hotel en Huatulco). Se trata de un régimen de privilegios inaceptable. Los maestros oaxaqueños trabajan poco (200 días) y ganan más que la media nacional (el equivalente a 484 días). Es indispensable romper el monopolio de esa representación magisterial. La apertura de una nueva sección a la que se puedan afiliar los maestros disidentes es el primer paso. Urge darlo.
6. No hay que confundir las condiciones estructurales con las coyunturales. La violencia y la radicalización de ciertos grupos no se explican por la pobreza y la marginación. Si así fuera, habría una decena de estados ardiendo en llamas. No es el caso. Tampoco es cierta la tesis de que la aportación de mayores recursos federales conduce automáticamente a disminuir la pobreza y la marginación. Oaxaca es un ejemplo perfecto de ello. Las partidas del gobierno federal no han podido ser auditadas y no hay evidencia de que los recursos hayan sido bien empleados. En suma, un escenario de conflicto y violencia como el que vive Oaxaca no empieza a resolverse con mayores recursos federales, sino con reformas que impulsen la modernización y la transparencia. Amén de que es indispensable abrir negociaciones con las fuerzas (no violentas) que se oponen al gobierno de Ulises Ruiz.
7. El uso de la fuerza pública no tiene por qué conducir a un baño de sangre ni a una represión indiscriminada. Las buenas conciencias que, dentro y fuera del gobierno federal, alertaban contra este peligro se equivocaron rotundamente. Pero no sólo eso. Su razonamiento dejaba a los habitantes de Oaxaca a merced de una horda de vándalos. El saldo está a la vista: hubo más muertos por la inacción del gobierno federal (14) que por la intervención de la Policía Federal Preventiva (1). La solidez de un Estado radica en que cuenta con los elementos y los recursos suficientes para modular el uso de la fuerza pública. Así ocurre en todos los países democráticos. Hay que dejar atrás el tabú del 68.
8. El síndrome del 68, que confunde el uso legítimo de la fuerza con la represión, genera una espiral de violencia y radicalización. La parálisis del gobierno termina por convertirse en un generador de estímulos negativos y mayores expectativas. Pongo dos ejemplos muy claros: a) los maestros siguieron recibiendo sus quincenas regularmente después de meses de estar en paro injustificadamente; b) las violaciones de la ley y los excesos de la APPO no fueron sancionados ni perseguidos. El caso más dramático y espeluznante es la decapitación del maestro de matemáticas, disidente de la sección 22, que a la fecha no es investigado ni se ha detenido a los culpables. Qué de extraño tiene, entonces, que los maestros y la APPO hayan mantenido su movimiento a lo largo de cinco meses y que la violencia y las exigencias lejos de menguar se hayan incrementado.
9. La salida del gobernador Ulises Ruiz es, sin duda, deseable. Pero los tiempos del presidencialismo han quedado atrás. No hay quien pueda hacer efectivo su despido. La única opción es que el Senado, tal como planteó Santiago Creel, lo sometiera a juicio político. Pero eso equivale a abrir una caja de Pandora. Sentaría un precedente riesgoso. Porque bastaría un acuerdo de dos bancadas (PRD-PAN o PRI-PRD) para que cualquier gobernador pudiese ser defenestrado.
10. La Policía Federal Preventiva y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional deben estar bajo el mando directo del secretario de Gobernación. Es igualmente deseable que las policías federales se fusionen y unifiquen. Esas son las herramientas indispensables de cualquier responsable de la seguridad interna en cualquier país.
JAIME SÁNCHEZ SUSARREY
publicado el 4 de noviembre en Reforma
1. Una vez que se opta por el uso de la fuerza pública debe hacerse en forma masiva y abrumadora. Porque entre mayores sean los destacamentos, mayor será su poder de disuasión. Y a mayor poder de disuasión, menor (o nula) necesidad de recurrir al uso de armas de fuego. Con todas las diferencias del caso, Oaxaca confirmó lo que ocurrió hace varios años en la UNAM. La entrada de los contingentes policiacos desalentó la resistencia o la venció sin mayores problemas. Por eso era indispensable la intervención de las fuerzas federales. Un operativo con las corporaciones locales hubiera terminado como un verdadero desastre.
2. Ningún gobierno democrático en ninguna parte del mundo puede ni debe renunciar al uso de la fuerza pública. La esencia del Estado, como señalaba Max Weber, es el monopolio de la violencia física legítima. Ahí donde ese monopolio se rompe, el Estado comienza a desintegrarse. Oaxaca fue durante cinco largos meses un territorio al margen de la ley y el orden. Durante ese tiempo se convirtió en un problema de seguridad nacional; no sólo por el abandono en que se dejó a cientos de miles de ciudadanos, sino también por el efecto de demostración que tienen ese tipo de rebeliones.
3. La negociación política no es siempre la panacea ni la esencia de la democracia. No lo es cuando un grupo viola la ley, utiliza métodos violentos y atenta contra las instituciones. Poco importa que ese grupo tenga fines delincuenciales o se asuma como la representación de un sector revolucionario (o la "encarnación" de la sociedad civil). La aplicación de la ley debe ser estricta y universal. Vale lo mismo para un ciudadano que para un grupo organizado. En México se opera con un criterio inverso. Mientras que al ciudadano común se le aplica todo el peso de la ley, a los grupos organizados se les tolera y se les condonan los procesos y las penas. De la UNAM a Oaxaca, pasando por Atenco, se ha repetido esa historia. El futuro del Estado de derecho en México depende de que se rompa esa perversidad.
4. No se debe dejar crecer ningún problema con la esperanza de que las cosas se acomodarán por su propio peso; más vale atajarlo en forma inmediata. El paso del tiempo conduce irremediablemente a la descomposición social, el encono, la violencia y los enfrentamientos. Lo que sorprende en Oaxaca no es que haya habido 14 muertos, sino que el número de víctimas no hubiese sido mayor. Porque a final de cuentas, cuando impera la ley de la selva y un grupo organizado ejerce violencia y presión sobre los ciudadanos termina por generar una reacción. Eso fue lo que ocurrió en los Altos de Chiapas y hacia allá se enfilaba Oaxaca.
5. Las organizaciones corporativas deben ser acotadas. La sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación afilia a 70 mil trabajadores. Su poder, como lo acaba de demostrar, es enorme. Impuso su pliego petitorio al gobierno local y federal con puntos y comas (incluido un hotel en Huatulco). Se trata de un régimen de privilegios inaceptable. Los maestros oaxaqueños trabajan poco (200 días) y ganan más que la media nacional (el equivalente a 484 días). Es indispensable romper el monopolio de esa representación magisterial. La apertura de una nueva sección a la que se puedan afiliar los maestros disidentes es el primer paso. Urge darlo.
6. No hay que confundir las condiciones estructurales con las coyunturales. La violencia y la radicalización de ciertos grupos no se explican por la pobreza y la marginación. Si así fuera, habría una decena de estados ardiendo en llamas. No es el caso. Tampoco es cierta la tesis de que la aportación de mayores recursos federales conduce automáticamente a disminuir la pobreza y la marginación. Oaxaca es un ejemplo perfecto de ello. Las partidas del gobierno federal no han podido ser auditadas y no hay evidencia de que los recursos hayan sido bien empleados. En suma, un escenario de conflicto y violencia como el que vive Oaxaca no empieza a resolverse con mayores recursos federales, sino con reformas que impulsen la modernización y la transparencia. Amén de que es indispensable abrir negociaciones con las fuerzas (no violentas) que se oponen al gobierno de Ulises Ruiz.
7. El uso de la fuerza pública no tiene por qué conducir a un baño de sangre ni a una represión indiscriminada. Las buenas conciencias que, dentro y fuera del gobierno federal, alertaban contra este peligro se equivocaron rotundamente. Pero no sólo eso. Su razonamiento dejaba a los habitantes de Oaxaca a merced de una horda de vándalos. El saldo está a la vista: hubo más muertos por la inacción del gobierno federal (14) que por la intervención de la Policía Federal Preventiva (1). La solidez de un Estado radica en que cuenta con los elementos y los recursos suficientes para modular el uso de la fuerza pública. Así ocurre en todos los países democráticos. Hay que dejar atrás el tabú del 68.
8. El síndrome del 68, que confunde el uso legítimo de la fuerza con la represión, genera una espiral de violencia y radicalización. La parálisis del gobierno termina por convertirse en un generador de estímulos negativos y mayores expectativas. Pongo dos ejemplos muy claros: a) los maestros siguieron recibiendo sus quincenas regularmente después de meses de estar en paro injustificadamente; b) las violaciones de la ley y los excesos de la APPO no fueron sancionados ni perseguidos. El caso más dramático y espeluznante es la decapitación del maestro de matemáticas, disidente de la sección 22, que a la fecha no es investigado ni se ha detenido a los culpables. Qué de extraño tiene, entonces, que los maestros y la APPO hayan mantenido su movimiento a lo largo de cinco meses y que la violencia y las exigencias lejos de menguar se hayan incrementado.
9. La salida del gobernador Ulises Ruiz es, sin duda, deseable. Pero los tiempos del presidencialismo han quedado atrás. No hay quien pueda hacer efectivo su despido. La única opción es que el Senado, tal como planteó Santiago Creel, lo sometiera a juicio político. Pero eso equivale a abrir una caja de Pandora. Sentaría un precedente riesgoso. Porque bastaría un acuerdo de dos bancadas (PRD-PAN o PRI-PRD) para que cualquier gobernador pudiese ser defenestrado.
10. La Policía Federal Preventiva y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional deben estar bajo el mando directo del secretario de Gobernación. Es igualmente deseable que las policías federales se fusionen y unifiquen. Esas son las herramientas indispensables de cualquier responsable de la seguridad interna en cualquier país.
JAIME SÁNCHEZ SUSARREY
Publicado por Juntos por Oaxaca, 8:42 a.m.
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